VOX Ceuta insiste, tras llevarlo a pleno en enero, en que el servicio de limpieza viaria debe ser municipalizado. Y lo hace a raíz de la situación que se está viviendo en el seno de la adjudicataria de este servicio, Trace, cuyo presidente del Comité de Empresa, amparado en la propia empresa, ha emprendido una persecución contra los trabajadores afiliados al sindicato Solidaridad.
El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, califica de “vergüenza” que “esto suceda en una empresa que está financiada al 100% con el dinero del contribuyente ceutí”. Y también que “no se ejerza ningún tipo de control por parte de la administración pública”.
“Tras tener conocimiento de los procedimientos prácticamente mafiosos con los que se está llegando a amenazar y chantajear a los trabajadores en Trace, vamos a exigir del Gobierno una explicación de cómo se fiscaliza y de qué manera se controlan las actuaciones de una empresa financiada por los ceutíes”, anuncia Redondo. Además, advierte de que “el dinero de la Ciudad Autónoma no puede ir a parar a una empresa que consiente este tipo de prácticas”.
El presidente de VOX Ceuta cuestiona cómo “una empresa que cobra casi 20 millones de euros del dinero de la Ciudad Autónoma” puede “no tener ningún control sobre si se respeta el derecho de los trabajadores o cumple con lo establecido en el convenio colectivo”. “No sólo se tiene constancia de reiterados incumplimientos, sino que ahora nos damos cuenta de que ni siquiera cumple con las mínimas normas de respeto por el derecho de los trabajadores”, critica Redondo.
El líder de VOX Ceuta incide en cómo la polémica ha sido la tónica general desde que Trace se hizo con el servicio de limpieza en 2013 con una oferta muy inferior al precio inicial de licitación. Esto ha hecho que incluso la Abogacía del Estado recomendara la rescisión del contrato con la empresa debido a los incumplimientos constantes por los que incluso la Ciudad Autónoma ha practicado detracciones económicas en las certificaciones mensuales. Sin embargo, a pesar de las veces que el Gobierno ha anunciado las rescisión del contrato, que incluso fue aprobada en pleno, esta no se ha llevado a cabo.
Redondo, por último, insta a Inspección de Trabajo a investigar a fondo esta cuestión y que actúe si estos hechos denunciados por Solidaridad son ciertos, en cumplimiento con el derecho de los trabajadores.
