El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una batería de preguntas sobre los últimos delitos cometidos por inmigrantes ilegales. Además, ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
En esta ocasión, el GP VOX denuncia los siguientes ataques:
– El pasado 20 de octubre se conoció la detención de cuatro individuos, en Madrid, Granada y Barcelona, por vínculos con el terrorismo yihadista que adoctrinaban a través de las redes sociales y que reclamaban “derramar sangre para recuperar Al-Andalus”.
– Recientemente se ha conocido la detención de Mustafá Maya Amaya, que se dedica al adoctrinamiento y entrenamiento en la lucha yihadista, en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista en Melilla. VOX recuerda que este individuo ya fue condenado por la Audiencia Nacional por pertenencia a organización terrorista.
– Durante la mañana del 24 de octubre se conoció que un matrimonio de edad avanzada fue asaltado por tres individuos marroquíes en su casa de Santanyí (Mallorca).
Ante los que vuelve a preguntar al Gobierno:
– ¿Qué información tiene el Gobierno sobre los hechos expuestos?
– ¿De qué nacionalidad son los detenidos?
– ¿Con qué antecedentes penales contaban los detenidos en el momento de la comisión de los hechos supuestamente delictivos?
– ¿Existía alguna orden de expulsión del territorio nacional en el momento de los hechos? En caso afirmativo, ¿por qué no se ha ejecutado dicha orden?
– Ante esta muestra más de la situación de inseguridad que se vive en los barrios de nuestra geografía, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la seguridad ciudadana y nacional?
Igualmente, la formación de Santiago Abascal exige la comparecencia de Marlaska para:
– Informar sobre la grave crisis de inmigración ilegal que está padeciendo Canarias, en particular, y España, en general.
– Explicar las medidas que, en su caso, tiene previsto adoptar el Gobierno en funciones al respecto.
– Informar sobre el riesgo de atentados yihadistas que tiene España.
– Explicar las medidas que ha establecido o tiene previsto establecer el Gobierno en funciones sobre el nivel de alerta antiterrorista y cualquier otra medida adicional.