Pablo Sáez e Inés Cañizares han sido los encargados de valorar las conclusiones y los informes que este lunes ha presentado la presidenta del Tribunal de Cuentas. Unos datos que apuntan al ingente gasto que supone las entidades del sector público estatal a las que hay que sumar las entidades del sector autonómico, local y provisional. «El problema es que no se tiene conciencia de lo que esto supone y además que no existe voluntad de cambiarlo», ha asegurado el diputado por Valladolid.
Por su parte, Cañizares ha querido enfatizar en esta ocasión en la alta temporalidad de los contratos en las universidades para docentes e investigadores.
“Otro denominador común es la falta de implantación en todas las universidades fiscalizadas de un sistema de contabilidad analítica. Cuestión poco comprensible, porque conocer lo que cuesta la prestación de un servicio público se hace indispensable para poder presupuestar correctamente y financiarse así como repercutir el precio , en todo caso de dicho servicio, con total certidumbre de que no estamos fijando ese precio público en exceso o que no estamos incurriendo en déficits indeseados», ha asegurado recordando que en las universidades públicas españolas, a pesar de encontrarse sometidas a un control similar al de cualquier entre público, «no conocen exactamente cuánto cuesta el grado universitario».
En cuanto a los contratos de suministro de mascarillas, la diputada por Toledo, ha destacado que cuando algunos de ellos se ejecutaron atribuyeron un IVA del 21% cuando las mascarillas ya estaban exentas de esta cantidad. “¿Le consta al Tribunal que estos Ayuntamientos hayan solicitado la rectificación de las facturas, y la solicitud al proveedor de la devolución a la arcas públicas , de ese dinero indebidamente pagado y que el propio Ayuntamiento nunca podrá deducirse fiscalmente?”, ha preguntado.