El diputado de VOX Alberto Rodríguez Almeida ha denunciado en la tribuna del Congreso el papel del PSOE en la comisión de investigación del accidente del vueldo JK5022 de Spanair, que dejó 154 victimas mortales. El PSOE, que en lugar de aceptar el dictamen de la Comisión ha emitido un voto particular ante el que VOX ha mostrado su disconformidad, ha tratado, en palabras de Rodríguez Almeida, de «ocultar a los responsables de la seguridad aérea en el momento del accidente, con Magdalena Álvarez a la cabeza, como Ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».
Así ha sido la intervención del diputado de VOX por Las Palmas.
«Hoy es un día muy importante. No sólo para los familiares de las víctimas del accidente del vuelo de Spanair con destino a Gran Canaria, porque somos muchos los que de una manera, más o menos cercana, conocíamos a las 154 víctimas mortales y a los 18 heridos del accidente. Por esta razón, tal y como manifesté en mi intervención en la última comparecencia de la Comisión, directa o indirectamente, todos los grancanarios volábamos en ese avión.
El Pleno de esta cámara aprobó la creación de la Comisión de Investigación el 6 de febrero de 2018, con el voto a favor de la mayoría de la cámara y la inexplicable abstención del Grupo Parlamentario Popular. En esta XIV legislatura se aprobó el 15 de abril del pasado año 2020 por asentimiento. Sinceramente, me habría gustado saber cuál habría sido el sentido del voto de los grupos parlamentarios.
Los tres miembros del Grupo Parlamentario VOX nos hemos esforzado en que el Dictamen que hoy se presenta cumpliese con el objeto de la Comisión de Investigación, que era, y leo literalmente, ‘investigar y, en su caso, determinar las causas y las responsabilidades del accidente del vuelo JK5022 de Spanair el 20 de agosto de 2008. A su vez debe extraer conocimientos y recomendaciones para prevenir futuras tragedias’.
Hemos tenido importantes motivos para trabajar con especial esfuerzo. Mi compañera Cristina Esteban Calonje, portavoz de VOX en la Comisión de Investigación, es hermana del capitán del Ejército del Aire, Miguel Alejandro Esteban Calonje, fallecido el 4 de mayo de 2004 al estrellarse el Mirage F-1 que pilotaba. El Teniente General del Ejército del Aire, Manuel Mestre Barea, era, en el momento del accidente, el Jefe del Mando Aéreo de Canarias y, gracias a su discreta, pero valiosísima labor, el Ejército del Aire puso a disposición los medios necesarios para acompañar a los familiares y a las víctimas en el traslado al aeropuerto de Gran Canaria con la mayor dignidad posible, que sólo nuestros soldados saben brindar y del que lamentablemente yo también fui testigo al recibir en el mismo aeropuerto de Gran Canaria los restos de mi primo Eduardo Castilla Rodríguez, Alférez alumno de la Academia General del Aire, fallecido el 26 de abril de 2012, junto a su instructor, el capitán Julio Castellón Bueno.
Como decía al principio de mi intervención, hoy es un día muy importante, especialmente para los familiares de todas las víctimas de accidentes aéreos. A las víctimas dedicamos, en el día de hoy, nuestro respetuoso recuerdo y a sus familias, el reconocimiento de su dolor y nuestro esfuerzo para que nunca vuelva a producirse otra catástrofe similar.
Lamentablemente, también en esta Comisión de Investigación, han establecido un cordón sanitario contra VOX para que nuestras enmiendas al dictamen no prosperasen. Aprovecharé esta intervención para dar a conocer varios aspectos que queríamos incluir en el Dictamen y que fueron excluidos:
– En primer lugar, queríamos manifestar que no se tiene constancia de la existencia de registros, actas o certificaciones que acrediten el cumplimiento de los simulacros generales de emergencia aeronáutica, previstos supuestamente en el Plan de Emergencias del aeropuerto para entrenamiento, entre otros, de los equipos de rescate.
– En segundo lugar, expusimos que no ha quedado acreditada la justificación para que se tardara más de 15 minutos desde el momento en que se produjo el siniestro y la activación de la alerta por el controlador responsable del control del tráfico aéreo.
– Y, por último, tampoco hay constancia de la existencia y el estado de uso de los accesos de emergencia del vallado perimetral del aeropuerto.
No quiero terminar mi intervención sin dar las gracias a los miembros de otros grupos parlamentarios, que también han contribuido al esclarecimiento de la verdad. Lamentablemente, no puedo incluir, y me veo en la obligación de señalar y reprochar, a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que han dedicado sus esfuerzos a ocultar a los responsables de la seguridad en la navegación aérea en España en el momento del accidente.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, son los únicos que se han apartado del Dictamen aprobado por la Comisión emitiendo un voto particular carente de sentido y legitimidad, ya que se basa en los mismos argumentos que ustedes rechazaron en la votación de las enmiendas al Dictamen. El Grupo Parlamentario VOX votó en contra de los argumentos de su voto particular, porque la sentencia del TC en la que se basa es una sentencia hecha a medida para proteger al Poder Ejecutivo: dictada por el TC, que no es un Tribunal imparcial, sino un órgano político al servicio del PP y del PSOE, que llevan décadas repartiéndose la elección de sus miembros.
Han querido ocultar a los responsables de la seguridad aérea en el momento del accidente, con Magdalena Álvarez a la cabeza, como Ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, todos los responsables, incluida la exministra, han pedido que se elimine su nombre del elenco de responsables, basándose en una hipotética vulneración sobre su derecho al honor.
En esto estamos de acuerdo, es un deshonor haber participado en el Gobierno que más daño había inflingido a España, hasta que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Entre los solicitantes, merece una mención especial Isabel Maestre Moreno, Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Antes del accidente establecía desde SENASA los procedimientos para Aviación Civil y después del accidente, como responsable de AESA impuso en esta agencia la misma línea de actuación que había traído de SENASA. Para complicar más las relaciones, la agencia que dirige era arrendataria de MAPFRE. Esa falta de independencia entre el órgano supervisor y las aseguradoras de las compañías aéreas es perjudicial para las víctimas de accidentes aéreos.
El Gobierno debe asumir las 11 conclusiones y ejecutar las 9 recomendaciones del Dictamen. Dejen de repartir responsabilidades en el sector aéreo entre amigos y militantes del PSOE. La tragedia que vivimos debe tener consecuencias y deben adoptarse, cuanto antes, las recomendaciones del Dictamen. Se lo debemos a las víctimas y a sus familias».