La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas celebrada este martes en el Congreso y los diputados de VOX Juanjo Aizcorbe y Pablo Sáez.
Aizcorbe ha centrado su primera intervención en los datos revelados sobre el coste de la deriva separatista de Cataluña: «El informe del Tribunal de Cuentas viene a poner cifras a lo que todos sabíamos, a la absoluta deslealtad desde el propio Estado para con el Estado y España. Pone cifras a algunas actuaciones de todo lo que sufrimos los catalanes y las familias catalanas impulsados por un pequeño colectivo que fue creciendo a través de las ilusorias promesas de unos dirigentes que perdieron el norte y la noción de la realidad».
«La estafa monumental que han hecho los nacionalistas catalanes no sólo asciende a los 417 millones de euros que han ido destinados a los delirios separatistas, sino que asciende también a todo un artilugio de dinero y recursos públicos que han ido destinados a deslealtad de parte del Estado que era la Generalidad. La misma Generalidad que renunció a defender a esos catalanes y defender a Cataluña para que fuéramos el motor de España. La misma que abducida por sueños ilusorios estafó a todos los catalanes y, por ende, a los españoles», ha añadido.
Finalmente, Aizcorbe ha asegurado que lo que se debería hacer con las delegaciones que se han comportado de manera desleal es «disolver todas estas embajadas falsas. Hay que cerrar estas falsas embajadas del separatismo catalán«.
Por su parte, Pablo Sáez ha señalado la incoherencia que suponen algunas dotaciones presupuestarias en las comunidades autónomas: «Me han llamado la atención una serie de contratos que muestran las prioridades de los gobiernos autonómicos. Melilla: 4,7 millones para la guardia y atención integral para menores extranjeros no acompañados, 1,6 millones de euros más que los destinados a ayuda a domicilio a personas mayores o con discapacidad. Extremadura: 2,7 millones de euros para la compra de vehículos oficiales. Castilla la Mancha tiene sólo 270.000 euros para la prestación de servicios de atención residencial para mayores. La prioridades están bastante claras».