El diputado de Vox por Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha intervenido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tras la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Aizcorbe ha comenzado su intervención criticando el actual estado de la administración pública: «A raíz de los informes de fiscalización se produce una desigualdad porque el estado de las autonomías no nos ayuda al fortalecimiento de las instituciones y del cuerpo de la unidad nacional que debería ser un factor importante«.
Tras ello, el diputado de Vox por Barcelona ha continuado afirmando que «pasa que en sede parlamentaria de la nación española se hacen unos informes de fiscalización única y exclusivamente sobre las autonomías sin órganos de control externo propio: Castilla la Mancha, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. No tenemos una visión completa de lo que sucede«.
Aizcorbe ha proseguido señalando que en España «no tenemos una visión completa del orden de contratación del sector público en toda España. Es obvio que, a la vista del Caso Gámez, hay problemas en la contratación del sector público. Sobre todo en la aplicación adecuada del procedimiento de adjudicación y la selección del contratista, donde hay que poner el foco».
Tras ello, ha intervenido Inés Cañizares, que ha asegurado que «las conclusiones que podemos extraer de estos informes da para un Thriller. Es el mundo al revés. Vemos contratos de emergencia con paralización de obras. Informes de contratos patrimoniales que remiten al tribunal sin fecha«.
La portavoz adjunta del GP VOX en el Congreso ha afirmado que «las declaraciones de urgencia realizadas por los órganos de contratación deberían estar perfectamente motivadas y los plazos guardar coherencia con esa celeridad. Que el comienzo y desarrollo de esa ejecución de prestaciones se realizase con la agilidad requerida y que la tramitación de expedientes se ajustara a la realidad vigente». Después, Cañizares ha asegurado: «De alguna manera parece que la motivación real es el beneficio de esa financiación«.
Pablo Sáez ha sido el último representante del GP VOX en intervenir en la comisión. El diputado de Vox por Valladolid ha cargado contra las subvenciones a partidos políticos: «En sus conclusiones menciona la conveniencia de equilibrar el peso entre financiación pública y privada que supone un 72 y 28% del total de la financiación en los partidos políticos. Lo hace con el objeto de evitar la excesiva dependencia de los ingresos de origen público».
Tras ello, ha continuado: «Vuelvo a animar a todos los partidos políticos a apoyar la propuesta de Vox para eliminar la subvenciones a todos los partidos políticos. También recordar que mismas reglas para todo, en ello consiste la democracia». Finalmente, Sáez ha concluido: «No se entiende que reciben subvenciones de seguridad partidos políticos que no sólo no sufren agresiones, sino que por el contrario, las provocan, las instigan, las fomentan o las justifican».