El diputado de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha defendido hoy en la comisión para el Estudio de los Problemas de las Adicciones una proposición no de ley destinada a prevenir la adicción de los jóvenes a los juegos de azar de recompensa instantánea, conocidos popularmente como «Rascas». Durante su intervención, el diputado ha subrayado el crecimiento «notable» de estos productos, comercializados mayoritariamente por entidades públicas o semipúblicas, y ha instado a la Cámara a realizar un análisis profundo sobre su impacto social y regulatorio.
Fernández Ríos ha fundamentado su propuesta en datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, señalando que el 15 % de los jugadores en España ya opta por esta modalidad instantánea, de los cuales más de la mitad son menores de 35 años. Según el diputado, el éxito de estos juegos entre el público de 18 a 25 años reside en la gratificación inmediata, un patrón de comportamiento estrechamente ligado a la era digital que rompe con la dinámica de las loterías tradicionales. Además, ha advertido que precios tan bajos como los 50 céntimos facilitan el acceso incluso a menores de edad.
Además, Tomás Fernández ha denunciado el trato de favor publicitario que reciben estos productos. «Los rascas no están sujetos a las mismas restricciones que las apuestas deportivas o los casinos online», ha señalado, calificando esta situación de «desequilibrio regulatorio». Fernández Ríos ha enfatizado que la labor social de entidades como la ONCE no debe eximirlas de su responsabilidad ante el impacto de sus productos en colectivos vulnerables, asegurando que «la naturaleza del operador no altera los riesgos asociados al juego».
Finalmente, el diputado por Huelva ha propuesto un enfoque integral que combine regulación, educación y una vigilancia efectiva en los puntos de venta físicos —como quioscos o vendedores ambulantes— donde, según afirma, no siempre se exige el DNI de forma rigurosa. Con esta iniciativa, VOX busca garantizar que la actividad del juego se desarrolle bajo límites estrictos que prioricen la protección de la infancia y la juventud frente a los intereses comerciales de los operadores.