Armario ha calificado de «demasiado invisible» la realidad de este colectivo en las políticas públicas. Apoyándose en datos oficiales, la diputada ha recordado que la tasa de empleo para personas con discapacidad en España se sitúa en un 29%, muy por debajo de la población general, y enfrentando una brecha salarial de hasta el 18%.
«Estos datos nos obligan a reflexionar sobre si nuestro modelo de inclusión laboral está siendo realmente eficaz», ha señalado Blanca Armario, destacando que en el caso de la sordoceguera, las barreras estructurales —y no la falta de talento— son las que impiden la participación social y laboral.
La diputada por Cádiz ha solicitado al Director General información específica y detallada sobre las inversiones anunciadas:
- Barreras Arquitectónicas: Ante la mención de un plan de 200 millones de euros en colaboración con los fondos FEDER, Armario ha solicitado el listado pormenorizado de las barreras pendientes de eliminar para que los grupos parlamentarios puedan colaborar desde todas las instituciones.
- Formación Profesional: Ha instado a conocer el estado de la coordinación con las Comunidades Autónomas, competentes en esta materia, para adaptar la FP a las necesidades sensoriales.
- Universidades: Ha pedido identificar los centros que aún no cumplen con los criterios de accesibilidad para actuar de manera inmediata.