La portavoz de VOX en la Comisión de Presupuestos, Inés Cañizares, ha afirmado que las declaraciones de las cuentas generales del Estado de los ejercicios 2017 y 2018 “vuelven a reflejar otro año más, grandes deficiencias en el cumplimiento de las normas contables, en la falta de rendición de cuentas en términos de información, transparencia y plazo y la entropía recaudatoria que suponen los costes de gestión”.
Esto, ha asegurado, se traduce en tener que recaudar más para que ese euro exigido al esfuerzo privado de los españoles pueda llegar a ser gastado en lo que se promete. «Diferentes criterios de imputación de obligaciones y derechos, resultados consolidados sobrevalorados, no consolidación de determinadas partidas de gasto, carencia de inventarios de activos públicos, errores en deterioros de valoración y un largo etc, algo impensable para el sector privado, que solo podría hacerlo bajo el yugo de la sanción y multa».
Por ello, la portavoz de VOX se ha preguntado «de qué sirve mantener un Tribunal de Cuentas con un presupuesto anual de 69 millones de euros, que costean los españoles a base de sus impuestos, que hace las mismas recomendaciones año tras año, con la finalidad de mejorar la gestión pública, si luego los políticos lejos de ponerlas en práctica, continúan cometiendo los mismos errores. La reincidencia continuada pone de manifiesto la falta de diligencia de quien debe predicar con el ejemplo. Estamos en lo de siempre, exigir al administrado, lo que con su dinero la Administración no es capaz de llevar a efecto«.
A este respecto Inés Cañizares ha ofrecido un dato: de la cuenta de 2018 existen salvedades para el Tribunal de Cuentas cuantificadas en casi 50.000 millones de euros, lo que supone el 12% del total de obligaciones reconocidas netas consolidadas, o lo que representaría también más de 8,3 millones de declaraciones del IRPF. «Es decir, el dinero de más de 8 millones de españoles cotizantes por IRPF estaría siendo objeto de un ejercicio contable dudoso, a juicio del Tribunal de Cuentas».