El portavoz de VOX en la comisión Constitucional, Carlos Flores, ha arremetido contra el ministro Bolaños durante su comparecencia en la comisión: “Trece meses han transcurrido desde su última visita, pero nada ha cambiado porque todo ha sido autocomplacencia, indolencia respecto de su propia gestión e impertinencia hacia los grupos de esta Cámara”.
“Mucha presidencia, poca justicia y pésimas relaciones con las Cortes”, ha asegurado Flores, que también ha aprovechado su turno de palabra para lamentar la incapacidad del Gobierno para aprobar unos presupuestos: “Lo de reírse a la cara de los miembros de esta Cámara y de los españoles a los que representamos, ¿es desprecio hacia el Parlamento o es simple vagancia?”.
“Es el ministro de Relaciones con las Cortes del Gobierno que peores relaciones con las Cortes mantiene en la historia reciente de nuestro país. Del que más miedo le tiene al Parlamento, del que más ignora su Cámara Alta, del que peor trabaja con su Cámara Baja, del que más derrotas cosecha, del que más aplazamientos demanda, del que más legisla a sus espaldas, del que menos rinde cuentas y del que más desprecia a sus miembros”, ha añadido.
Finalmente, ha concluido su primera intervención definiendo el plan de Bolaños, “un auténtico genio del mal”: “Ha estado ocupado en ocultar la corrupción, en atacar la libertad de expresión, en perseguir disidentes, en asaltar la justicia, en domesticar la Fiscalía, en diseminar bulos, en perseguir fundaciones, en derribar cruces, en asustar monjes y, quién sabe si también, en comprar voluntades”.
Durante el turno de réplica, el diputado de VOX por Valencia, Carlos Flores, ha sido tajante al desmentir las acusaciones vertidas sobre la gestión de VOX en las instituciones: «El número de sentencias judiciales o de resoluciones de organismos internacionales que han acreditado una violación de derechos fundamentales por parte de gobiernos autonómicos o municipales de VOX o del PP en los últimos años es cero», ha sentenciado.
Flores ha subrayado que, a pesar de la retórica del Gobierno, «nadie ha acreditado una violación de un derecho fundamental como consecuencia de esos cambios de gobierno», instando al Ministro a ceñirse a los hechos contrastables.