El diputado del Grupo Parlamentario VOX Pablo Sáez ha acudido hoy, en el Senado, a la comparecencia de la presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), María Luisa Araújo Chamorro. Allí, en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se ha presentado el Informe Anual de Actuaciones de la oficina correspondiente al año 2025.
El portavoz de VOX se ha referido a las 131 comunicaciones a las que hace referencia el informe, de las que 35 eran de resuntas irregularidades en materia de contratación pública. Además, el escrito menciona que su número está creciendo y que ha pasado de 17, en 2022, a 35, en 2025. De esta cantidad, ha explicado el portavoz de VOX, la mayoría de las presuntas irregularidades afectan a la fase preparatoria del contrato y a la contratación menor. Sin embargo, ha lamentado “nada se informa sobre cuántos expedientes derivaron en sanciones o cuántas recomendaciones fueron efectivamente aplicadas por las administraciones públicas”. “Es decir, no se mide la eficacia”, ha denunciado Sáez.
El foco
Y especial atención ha puesto el diputado en el uso de los criterios medioambientales, sociales y el impacto en las pymes. Sobre ello, ha destacado que al introducir demasiados criterios medioambientales, sociales o ideológicos, “el foco deja de estar en la calidad y eficiencia del servicio” porque “se ralentizan los procedimientos y empeora el servicio”.
En la misma línea, ha recordado que las exigencias ambientales suelen aumentar costes de producción, transporte o certificación. “Es una evidencia que pequeños sobrecostes multiplicados por miles de contratos generan miles de millones”, ha puntualizado Sáez.
En definitiva, “introducir demasiados criterios medioambientales, sociales o ideológicos perjudica a las pymes”, puesto que “las grandes empresas tienen departamentos jurídicos y técnicos para adaptarse a requisitos complejos; las pequeñas no”.
Por ello, ha advertido del riesgo que supone que la contratación pública se convierta en un instrumento político, en lugar de una herramienta de “eficiencia, neutralidad, servicio público”. Porque así la contratación pública pasaría a perseguir “objetivos ideológicos, agendas internacionales, imagen política”.