El portavoz adjunto de VOX en la comisión de Hacienda, Rodrigo Jiménez, ha defendido la PNL de VOX relativa a inyectar liquidez en la economía mediante el pago de deudas pendientes por parte de las Administraciones Públicas. «La crisis sanitaria originada por el Covid-19 obligó finalmente al Gobierno a tomar una serie de medidas destinadas a contener la propagación del virus, que desde luego su impacto hubiera sido menor si el Gobierno no hubiera antepuesto su agenda ideológica a la salud no solo física, sino económica de todos los españoles».
En este sentido ha señalado que «no es un dato que este grupo parlamentario se esté inventando, sino que ya hay muchas voces que afirman el hecho de que si no se hubiera producido el 8-M y el confinamiento se hubiera decretado antes, la cifra de contagios por el Covid-19 hubiera sido sustancialmente menor. Estamos hablando de que hubiera habido un 62,3% menos de contagios, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada«.
El resto de la intervención de Jiménez en la defensa de esta PNL ha transcurrido así:
«Por tanto podemos afirmar que el 8-M provocó un impacto mayor no solo desde el punto de vista sanitario sino también económico y por ende en una destrucción de nuestro tejido productivo. Y es que tras el FMI, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco de España y la Airef, le llega el turno de la OCDE que se muestra muy contundente en el caso español ya que manifiesta que: «La caída en la demanda doméstica por la destrucción de empleo y el cerrojazo de la actividad será el principal artífice de la contracción».
«Pero no serán esos los únicos factores que manden a la economía a la lona en 2020. El descenso de la demanda externa, y muy particularmente de los servicios turísticos, pesará también mucho. Según los economistas de la OCDE, el paro -la variable siempre más sensible a hundimientos de PIB- cerrará 2020 entre el 19,2% y el 20,1%, de nuevo en función de si se produce o no un rebrote».
«La falta de ingresos de las empresas ha originado serios problemas de liquidez para seguir haciendo frente durante el Estado de Alarma a las obligaciones contraídas. El reinicio parcial en numerosos sectores, especialmente los vinculados al sector servicios, no va a solucionar los problemas de liquidez, ya que se estima que hasta bien avanzado el año 2021 no se alcancen los niveles previos de actividad. Por ello tenemos la obligación de inyectar liquidez a la economía para que se reactive cuanto antes».
«Una de las medidas del Gobierno ha sido inyectar 100.000 millones de euros a través de créditos con avales ICO, y lo ha estado haciendo por tramos, encontrándose en estos momentos en el último tramo aprobado. El ICO ya ha liberado 84.500 millones de euros de esta línea de avales para pymes, autónomos y empresas».
«Pero también es cierto que aunque el Gobierno haya sacado esta línea de financiación, esta financiación produce en las empresas un pasivo que hay que devolver, que sumadas a las pérdidas ocasionadas por el cese temporal de la actividad pueden generar un grave desequilibrio patrimonial para muchas empresas cuando su patrimonio neto esté por debajo de la mitad de su capital social, por lo que sería causa de disolución de la sociedad, siempre y cuando no sea procedente solicitar la declaración de concurso, tal y como establece el artículo 363.1.d. de la Ley de Sociedades de Capital».
«Por ello la PNL presentada por este grupo parlamentario es considerada de máxima prioridad, como dice nuestra exposición de motivos según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad los periodos medios de pago de las administraciones públicas. A finales de 2019 determina que se realizaron pagos en diciembre por importe de 9.260 millones de euros y que quedaron pendientes de pago (excediendo los plazos legales) facturas por importe de 8.621 millones de euros».
Generadores de empleo y riqueza
«La PMcM ha revisado también los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ha detectado que a 31 de diciembre de 2019 las compañías del Mercado Continuo tienen facturas pendientes de pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros».
«En definitiva, nos encontramos con una cantidad de 130.000 millones de euros de deuda que sin duda alguna contribuirían a paliar las dificultades de liquidez que apremian a nuestro tejido productivo, especialmente PYMES, y autónomos, las cuales son las principales generadoras de empleo y riqueza en nuestro país, y desde luego evitarían su mayor endeudamiento y por ende balances más saneados».
«Por ello proponemos instar a las administraciones públicas y a las grandes empresas a cumplir con sus obligaciones de pago. Tendría un efecto tractor sobre la economía española de mayor magnitud que la línea de avales del ICO».
«Según consta en la WEB del ICO, a fecha 15 de junio de 2020, con este programa se han avalado un total de 565.118 operaciones correspondientes a más de 400.000 empresas. El importe total avalado es de 52.761,6 millones de euros. Esto ha permitido que las empresas hayan recibido 69.023,8 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante. Se trata de la mitad de la deuda de las grandes empresas ya administraciones públicas con sus proveedores».
«Además los avales ICO, como indica su propio nombre se emplean para respaldar prestamos financieros de los que el 83%, son a largo plazo, de entre cuatro y cinco años, es decir incrementan el pasivo de las empresas y, en caso de impago, el Estado, o sea, la ciudadanía, deberá responder a las obligaciones con las entidades de crédito. Para finalizar es imprescindible que se inyecte liquidez a la economía, y sería imperdonable que una pyme o un autónomo tuvieran que cerrar porque las grandes corporaciones o las administraciones públicas no cumplieran con su obligación de pago».
El IVA que no le pertenece al Estado
Durante la comisión de Hacienda se han debatido otras siete Proposiciones No de Ley. Una de ellas ha sido la del PP sobre incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda. Jiménez ha anunciado la enmienda de VOX. «La PNL del PP solo tiene en cuenta a los arrendadores y no a los arrendatarios. Si todos tienen derecho a una vivienda digna debemos facilitar la accesibilidad con incentivos fiscales».
«Cuando se hacían las declaraciones con estas deducciones no solo por la adquisición de vivienda, sino por el arrendamiento, la gente recibía una devolución que usaba para irse de vacaciones. Esto generaría mayor consumo e inyectaría liquidez a las familias. Espero que el PP tenga en cuenta nuestras enmiendas, el PP solo lo hace por el lado de la oferta y no por parte de la demanda».
Por otra parte, VOX ha apoyado la PNL del Grupo Mixto relativa al cobro de la deuda del Estado a las Comunidades Autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017. «Un problema generado por Montoro. Lo que pretende ahora María Jesús Montero es compensar el IVA con un fondo extra de liquidación autonómico al 0% de interés. Nos parece injusta la medida porque el Estado se ha quedado un IVA que no le pertenece y es de sentido común devolver lo que no es tuyo«, ha afirmado Rodrigo Jiménez.
En la siguiente PNL, relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios, ha llegado el turno de la vocal de VOX, Inés Cañizares, que ha explicado el apoyo de su partido a la iniciativa. «En 2012 el IVA subió del 8 al 21%. España es uno de los países más caros para morirse a nivel impositivo, las familias pagan de sus bolsillos el incremento de precio sobre un servicio básico. La entrega de flores está gravada a un 10% mientras que el traslado del cadáver al 21%».
A continuación Rodrigo Jiménez ha defendido la enmienda de VOX sobre la PNL del PP relativa a facilitar la supresión del recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas. «Parte del dinero del superátiv debería usarse en ayudas directas a pymes, autónomos, dependientes o residencias de ancianos. Nos parece positiva en cuanto a bonificar impuestos pero negativa en usar parte del superávit en bonificar este impuesto».
La siguiente PNL ha sido la del grupo socialista sobre «la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el COVID-19». Jiménez ha defendido la enmienda de VOX. «Es necesario transformar el estado autonómico en uno unitario. A la economía sumergida se la combate desde la concienciación». Sobre la eliminación gradual del pago en efectivo, el diputado de VOX ha denunciado que «esto dejaría a las personas en exclusión social en una situación tremendamente comprometida. Una sociedad sin efectivo es una sociedad teledirigida y esclava de la tiranía globalista que está en marcha«.
El séptimo punto de la sesión en la comisión de Hacienda ha correspondido a la PNL presentada por Podemos sobre la «necesidad de que se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público». VOX ha presentado una enmienda, que Rodrigo Jiménez ha explicado así: «Instamos al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de contratos del sector público que mejor la adecuación de su articulado a los principios generales de transparencia, publicidad, integridad y eficiencia que deben regir en la contratación pública y obligar a las entidades adjudicatarias a publicar una exhaustiva motivación de la concurrencia«. VOX también ha pedido un «mayor control legal a las empresas adjudicatarias por parte de las entidades públicas adjudicadoras».
Por último, la comisión de Hacienda ha debatido la PNL del grupo C’S sobre «la reducción del tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21 % al 4%, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus». Inés Cañizares ha defendido la enmienda de VOX. «El Estado debe facilitar que las personas con menos recursos asuman un menor coste para acceder estos productos. Apoyamos esta PNL, pero creemos que el IVA de las donaciones a instituciones públicas o privadas, hospitales o residencias, se devenga para que no suponga un coste adicional a quien hace la donación».