La diputada de VOX por Toledo Inés Cañizares ha denunciado hoy, durante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que el informe de fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que afectan a las líneas de AV. «Inaceptable que el 82% de las líneas de alta velocidad en construcción se hayan visto afectadas por expedientes de suspensión», ha asegurado.
La diputada ha criticado que una empresa, con un presupuesto millonario, «se permita el lujo de no incluir en su plan de empresa indicadores sobre seguimiento coordinación y evaluación y que cuenta con casi 1700 personas contratadas como personal de estructura». «No es de recibo porque creemos que cuenta con medios humanos suficientes para hacer las cosas, como mínimo conforme a unos mínimos adecuados» .
Cañizares también ha reprobado que el plan de empresa no cuente con indicadores que midan el grado de consecución de los objetivos: «Resulta, cuanto menos curioso, que el informe de seguimiento elaborado sobre objetivos hable de que no se ha logrado ninguno de ellos».
Contratación pública
También ha intervenido el senador de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, quien ha reprobado la «falta de compromiso de los diferentes gobiernos de España entre los años 2016 y 2019 con la eficiencia de la contratación pública».
Por ello, ha recordado que la contratación pública representa más del 14% del PIB de la Unión Europea, y es más alto el porcentaje en el caso de España. Además, ha defendido, la contratación pública es una de las actividades con mayor valor estratégico de las Administraciones y, por ende, de los gobiernos.
Es por ello que el diputado ha advertido: «Si no se toman medidas continuaremos en los rankings entre los paises de cola con el consiguiente efecto sobre la confianza empresarial, de los inversores extranjeros y sobre el crecimiento económico del país».
Decisiones políticas
Por su parte, el diputado de VOX por Barcelona Juan José Aizcorbe se ha referido, durante su intervención, a los incidentes que ha reflejado el informe económico de la obra del puente sobre la Bahía de Cádiz. «Significa dos cosas: el proyecto no estaba suficientemente fundada o que decisiones políticas no fundamentadas posteriores la hayan hecho inútil».
El diputado ha explicado que hay una serie de factores que pueden modificar el precio y el plazo, sin embargo, esos factores «no son normalmente superiores al 20%», ha matizado. Y en este caso, ha recordado, el incremento del gasto ha sido del 69% en esta obra.
Por otro lado, ha explicado que esta obra era competencia de la Junta de Andalucía, en ningún caso de un Ministerio del Gobierno Central. Por ello, ha pedido que se explique por qué el Gobierno se hizo cargo de una obra que no le corresponde cuando, además, ha tenido una desviación presupuestaria tan alta.