La diputada de VOX por Toledo Inés Cañizares ha aprovechado hoy su intervención en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para denunciar el «caso omiso» que hacen «quienes gestionan los recursos y las vidas de los ciudadanos». De hecho, ha reprobado la «forma persistente» en la que se obvian las recomendaciones del Tribunal, una actitud que se podría calificar, ha explicado, «casi de obstrucción y resistencia a la autoridad».
«La impunidad y la inmunidad son tristemente los elementos que rigen para los que administran», ha reprobado Cañizares, quien ha añadido que es la sociedad civil la que «paradójicamente» es «constantemente penalizada cuando no cumplen con rigor y diligencia las leyes».
En alguna ocasión la representante del PSOE me ha recriminado que comparo el sector privado con el público. Pues claro, que seguiré denunciando las veces que sea necesario que precisamente al sector privado se le requieren unas exigencias que los poderes públicos no cumplen. Es vergonzoso que los ciudadanos deleguen en los políticos y pongan a disposición de la Administración sus recursos y quien lo gestiona no cumpla su parte del acuerdo.
En la misma línea, ha criticado que desde los poderes públicos «no se rindan cuentas en plazo», lo que provoca que el Tribunal «se encuentre con limitaciones al alcance en su trabajo porque no se le proporciona la información necesaria para hacerlo». «¿Saben lo que sufre un ciudadano cuando la Administración le requiere?», ha interpelado la diputada, quien ha asegurado que «no lo saben porque la mayoría de los que están aquí llevan demasiados años encerrados en estos muros».
Cinco años de retraso
Por su parte, el diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha pedido una reflexión sobre las razones que hacen que se revisen en 2021 los informes de fiscalización de entidades locales del año 2016. Los objetivos estratégicos de estos informes son «contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público y fortalecer la posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas». Sin embargo, el excesivo tiempo transcurrido «pone en cuestión el cumplimiento de ambos objetivos».
También ha pedido que «se cambien procedimientos, controles y responsabilidades», puesto que la aplicación del control financiero tuvo un grado de cumplimiento «bajo» por lo que «algo hay que cambiar en todos los niveles». «No se debe admitir recomendaciones que se repiten año tras año en los informes sin que nadie tome medida alguna para solucionarlas», ha asegurado el diputado, quien ha exigido que se cambien «procedimientos, controles y responsabilidades».
Por su parte, el diputado de VOX por Barcelona Juan José Aizcorbe ha recordado que a VOX «le preocupa mucho» lo público. «Respetamos a los que están a un lado y al otro de la ventanilla», ha dicho. «Simplemente, entendemos que lo público debe ser lo justo y necesario y servir a los intereses de lo privado, que, al fin y al cabo, son los ciudadanos».