Cinco recomendaciones no cumplidas y tres parcialmente cumplidas del informe de los años 2019 y 2020. Es el balance que hoy ha denunciado Pablo Sáez, diputado de VOX, en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se han analizado las cuentas de 2022 de Cantabria, La Rioja, Murcia, Extremadura.
Unos informes donde hay notas y características que se repiten, como que el mantenimiento en el tiempo de los mecanismos extraordinarios de financiación como medida de apoyo a la sostenibilidad financiera de las Administraciones territoriales pone de manifiesto la creciente dependencia financiera de las Comunidades Autónomas respecto a estos recursos facilitados por el Estado. Es decir, se han convertido en un instrumento necesario para hacer frente a la financiación del déficit y los compromisos financieros de cada una de las Comunidades, entre ellos la carga financiera de su deuda.
Así, ha denunciado que «convertir una ayuda extraordinaria y coyuntural en financiación estructural es un recurso de malos gestores y la demostración de que no se tiene ningún interés en controlar el gasto político». Y ha advertido de que la combinación de estos factores «provoca es un nivel de deuda pública que supone una carga para todos los españoles, y sobre todo para las generaciones futuras».
Elevadísimo número de entidades
También coinciden los informes en el «elevadísimo número de entidades; un elevado número de salvedades y de párrafos de énfasis; fondos de maniobra negativos; y un crecimiento exponencial de las deudas a largo y corto plazo en las dos últimas décadas».
En cuanto al informe fiscalización del sector público autonómico del ejercicio 2021, Sáez ha destacado que el sector público autonómico ha registrado un crecimiento «que nada tiene que ver con el crecimiento del PIB ni con el crecimiento de la población». Así, el Presupuesto de las regiones en 2004 era de 119.352 millones de euros, frente a los 265.819 millones de euros de 2024. Es decir, mientras que el presupuesto de las ccaa se ha multiplicado por 2,23, en el mismo periodo, el PIB se ha multiplicado por 1,85.
Y ha resaltado que en 2021, e 82.450 millones de euros se destinaron a gastos «que nada tienen que ver con los servicios públicos básicos, la protección social, la sanidad o la educación». Y ha animado a pensar lo que ocurriría si a esos 82 mil millones de euros les sumaran los ahorros que se obtendrían al centralizar servicios o simplemente a aplicar las mejores prácticas en todas las partes de España.
Además, hay 320 entidades no rinden cuentas a las ICEX a pesar de tener una participación pública mayoritaria o control público, lo cual, ha garantizado «no es admisible».