El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el pleno una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que el Ministerio de Hacienda aplicará para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción.
La formación recoge en el texto registrado varios de los casos más sonados de corrupción que tienen al PSOE como protagonista. Así, se habla del caso GAL, en el que los gobiernos socialistas presididos por Felipe González sufragaron un grupo paramilitar con el que también se robó dinero público; el caso Roldán, en el que un director de la Guardia Civil nombrado por el PSOE y ligado a él robó los fondos destinados a la caja de solidaridad para los huérfanos; o el caso ERE, un escándalo del PSOE andaluz en el que se desfalcaron 680 millones de euros.
Sin embargo, explica VOX, los casos de corrupción del PSOE no son cosa del pasado pues recientemente se ha conocido la presencia de varios miembros del Ejecutivo en una trama fraudulenta de compras de mascarillas.
“Un asesor del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, en plena pandemia se lucró a través de comisiones, del tráfico de influencias y, en definitiva, del robo de millones de euros con los contratos de emergencia para la adquisición de equipos de protección individual”, señala VOX.
El partido también asegura que fue a partir de entonces cuando “miembros del Gobierno presuntamente comenzaron una escalada de operaciones de compra de mascarillas con la excusa de salvar vidas, mientras que éstas nunca llegarían a nadie por ser defectuosas o deficientes”. Además, detalla el papel del Gobierno como actor principal de los supuestos casos de corrupción a través de varios informes que involucran al Ministerio de Interior, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Sanidad.
Por ello, VOX asegura que “lo que se ha denominado periodísticamente el caso Koldo es la punta del iceberg de lo que debería denominarse caso PSOE”. Además, exige al Gobierno la adopción de “medidas realmente tajantes para poner fin a la corrupción política que parece campar a sus anchas”.
Por lo expuesto, se insta al Congreso a que exija al Gobierno a:
- Promover el cese de la ministra de Hacienda, como máxima responsable de la contratación del Estado, por dejación de funciones en el control de los contratos públicos, con el resultado de millones de euros perdidos en comisiones y suministros defectuosos que no han servido para proteger a los españoles.
- Realizar, en coordinación de la IGAE con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación una auditoría de todos los contratos de emergencia celebrados durante los Estados de Alarma. En este sentido, toda la información recabada por la IGAE y la DGRCC será remitida al Tribunal de Cuentas para un informe de fiscalización.
- Realizar una revisión de la efectividad de la contratación centralizada como instrumento de ahorro para el erario, de tal forma que se consiga una mejora de la eficiencia para la racionalización del sector público y la reducción de la presión fiscal que sufren los españoles.
- Promover la derogación del artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo y que ha servido como escudo del Gobierno para no dar cuenta de ninguna información relativa al FASEE.