CUPO CATALÁN | VOX exige la ruptura del acuerdo PSC-ERC que avanza hacia la «soberanía fiscal» catalana y supone una «conspiración criminal» contra la unidad de España

Proposición no de ley.

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley ‘para rechazar cualquier acuerdo que contemple la creación de una singularidad en la financiación regional de Cataluña’ que tiene la misma finalidad que la enmienda presentada a la moción del PP y rechazada por estos el pasado martes 10 de septiembre. Es decir, acabar con las desigualdades entre los españoles de diferentes regiones.

La iniciativa denuncia el acuerdo de investidura al que llegaron el Partido Socialista de Cataluña y ERC el pasado mes de julio puesto que “revela el propósito de configurar una soberanía de ámbito regional que solamente puede desarrollarse en detrimento de la soberanía nacional española”. “Este acuerdo es la manifestación escrita de una conspiración criminal de los dos partidos firmantes y del Gobierno central en contra de la unidad nacional y del orden constitucional”.

Uno de los “compromisos esenciales” mencionados en dicho acuerdo, alerta el GP VOX, es “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal”, cediendo así a Cataluña la gestión de la recaudación de todos los impuestos en su territorio a cambio de lo cual la región pagará un importe anual a la Administración Central que será negociado periódicamente. Es decir, “Cataluña tendría un régimen económico específico acordado directamente con el Ejecutivo central”, explica VOX.

Esta situación, recoge la iniciativa, es fruto del Estado de las autonomías y de las sucesivas alianzas con “intereses partidistas” del PP y del PSOE con los separatistas, como el pacto autonómico de 1992 entre el PSOE de Felipe González y el PP de José María Aznar “que dio lugar a uno de los mayores conjuntos de traspasos competenciales”. O la ‘cláusula Camps’, que en 2005 respondía a “las delirantes propuestas separatistas del entonces proyecto de Estatuto catalán”.

“El principio de igualdad es un pilar fundamental de la Constitución Española que la concesión de un cupo catalán violaría, creando ciudadanos de primera y segunda categoría según su residencia. Un sistema que permita que una región retenga una parte importante de sus impuestos, mientras otras contribuyen en mayor medida al fondo común, es inherentemente injusto y socava la cohesión nacional”, denuncia la formación.

Además, critica que “es la masiva transferencia de competencias a las comunidades autónomas, de las que son responsables el PP y el PSOE, la que ha motivado el exorbitante incremento de gasto por los poderes públicos regionales, y que a su vez ha llevado a los más cínicos de ellos a reclamar sistemas especiales de financiación que se caracterizan por la insolidaridad y el egoísmo”.

Ante esta situación, VOX propone “el desmantelamiento del Estado autonómico y la configuración de un Estado unitario basado en la unidad y la soberanía nacional y plenamente consagrado al bien común” y mientras no se logren las mayorías parlamentarias para ello, la formación exige al Gobierno que:

  1. Manifieste públicamente un rechazo tajante e inequívoco del acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura del presidente del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
  2. Renuncie a impulsar cualquier acción que permita la ejecución del indicado acuerdo, y adoptar las medidas necesarias para impedir su cumplimiento.
  3. Promueva las modificaciones legislativas oportunas para garantizar la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre todas las regiones de España.
  4. Reconozca y rechace las duplicidades administrativas e institucionales que genera el estado autonómico, así como impulsar todas las acciones precisas para poner fin a las misma.
  5. Clarifique las consecuencias negativas derivadas de las desigualdades provocadas por el sistema de financiación autonómica.
  6. Impulse la recuperación inmediata por el Estado de las competencias en materia de educación, sanidad, seguridad y justicia.