El diputado de VOX José María Figaredo ha denunciado desde la tribuna del Congreso la capacidad del bipartidismo tradicional para crear problemas -el de la interinidad del personal de la Administración– sin que los culpables paguen las consecuencias para trasladar después las soluciones a los hombros de los ciudadanos. En este caso, los interinos, a los que el Gobierno Sánchez quiere mandar a casa con una indemnización de un año de sueldo como máximo.
«España padece una pandemia que se llama el estado del bienestar de los políticos, que viven muy bien, dictan sus normas desde sus castillos sin conocer la realidad terreno, de forma irresponsable; generan pequeños desastres y ninguno responde nunca por sus desvaríos». Un bipartidismo -ha denunciado- que se entiende entre sí y va tapando los desaguisados el uno del otro.
A diferencia de esto, VOX actúa: lo hizo -ha relatado Figaredo- con el golpe de Estado del separatismo catalán y con el ilegal estado de alarma, y lo hará si el Gobierno aprueba este Real Decreto, «que tiene todos los visos de ser inconstitucional».
El Real Decreto que pretende atajar la temporalidad del trabajo en la Administración… Tras un repaso por los porcentajes de precaridad laboral en distintos sectores públicos-docencia, sanidad…-, Figaredo ha denunciado que la solución sea unas medidas que descargan el problema en los hombros del trabajador interino:
-«Señores trabajadores precarios de la Administración. Se van a un concurso y se juegan sus plazas. Qué sucede con los que están a falta de tres años para jubilación, qué pasa con los que tienen cargas familiares y no pueden preparar la oposición? Los echan a los leones.
-Lo hacen, además, con un indemnización de 20 días por año trabajado con máximo de un año…: «Justo lo que prevé la reforma laboral que tanto cacarean que van a derogar… se aferran a una reforma laboral que luego se quedan afónicos de criticar», ha denunciado Figaredo, que se ha preguntado qué hace una persona de más de 55 años con una indemnización de un año y en la calle.
«La realidad, para que todo el mundo lo entienda, es que el Ministerio de Hacienda y función pública del partido socialista está planteando el mayor ERE, acogiéndose a un régimen privilegiado para mandar a jugarse su suerte a 800.000 personas…».