El diputado de VOX por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha defendido la enmienda a la totalidad de VOX al Proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente.
Aizcorbe ha explicado que el GP VOX apoya a las personas con discapacidad así como su incorporación a la sociedad y al mundo laboral, pero no cabe una «creación legislativa atendiendo a impulsos que repercuten en leyes que en su aplicación son susceptibles de diversas interpretaciones«, como ocurre en este proyecto de ley.
El diputado de VOX ha asegurado que la enmienda de VOX tiene cabida dada las «incongruencias y la inseguridad jurídica que puede generar la aprobación de este proyecto de ley, para que sea devuelto y corregir todos los desatinos que hacen del mismo una mala herramienta que perjudica los derechos y en definitiva a las personas con discapacidad, así como a las empresas«.
Así, Aizcorbe ha explicado que la propuesta del principio de voluntariedad del proyecto de ley «produce un evidente desajuste con el contenido del artículo 40.2 de la ley general de derechos de las personas con discapacidad en el que es el empresario el quien está obligado a llevar a cabo los ajustes, sin que sea preceptiva la previa solicitud de la persona afectada tal como se propone».
En este sentido, el diputado de VOX ha proseguido argumentando que «en ese segundo párrafo del referido artículo. 40.2 de la mencionada ley para determinar cuándo la adaptación del puesto de trabajo es desproporcionalmente onerosa para la empresa, aludiendo, sin especificar el contenido sustancial de cada concepto, a la dependencia de la disponibilidad de recursos públicos, a los costes que la adaptación implique y al tamaño y volumen de negocios de la empresa».
«En aras a la necesaria seguridad jurídica sería preciso también determinar en qué situación se encuentra la relación laboral durante el plazo para manifestar la voluntad de continuar en la empresa por parte de la persona trabajadora y el plazo para la adaptación del puesto de trabajo», ha añadido el diputado de VOX.
Asimismo, Aizcorbe ha continuado explicando que «resulta difícil imaginar que, por un lado, la norma califique la incapacidad permanente absoluta como situación que inhabilita por «completo» al trabajador para «toda» profesión u oficio; y que, por otro, esté permitiendo la compatibilidad con actividades que, según la definición anterior no podría realizar«.
Finalmente, el diputado de VOX por Barcelona ha concluido afirmando que con esta norma se produce «una inversión del principio de solidaridad del que debe ser garante el Estado y no los ciudadanos o las empresas garantes de los incumplimientos del Estado. Entendemos que tal como está escrita la norma en este momento se pone en peligro las prestaciones de incapacidad permanente total y absoluta y gran invalidez, que dejarán de estar garantizadas y pasarán a la incertidumbre».