El portavoz adjunto de VOX en la comisión de Justicia, Eduardo Ruiz, ha asegurado que «los denunciantes de corrupción deben ser denunciantes de corrupción, y no chivatos ni comisarios políticos utilizados para acosar y acusar a los disidentes». Así lo ha señalado durante el debate del proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
«Cuando me encontré con este proyecto de ley que habla de luchar contra la corrupción, me quedé asombrado. No me podía creer que precisamente el PSOE, el partido más vinculado a tramas de corrupción en Europa, pudiera impulsar una iniciativa de este tipo. Ilusamente llegué a pensar que, por fin, los socialistas habían decidido asumir responsabilidades por la terrible trama de corrupción de Andalucía o el reciente ‘Qatargate’ o ‘Marruecosgate’, trama corrupta que afecta especialmente a su grupo parlamentario Europa. Pero con ustedes no hay esperanza posible».
A continuación, Ruiz se ha dirigido a toda la bancada socialista: «Si como dicen esta norma va a servir para proteger a denunciantes de corrupción, a lo mejor todavía tienen una oportunidad de hacer algo por su país: ¿puede alguno de ustedes ayudarnos a recuperar los casi 700 millones que el socialismo andaluz ha robado a todos los españoles? ¿Puede alguno de ustedes indicarnos si hay algún alto cargo socialista que haya estado favoreciendo los intereses de Marruecos a cambio de dinero? ¿Hay algún valiente sentado en esos escaños que se anime? Parece que no, ¿verdad?»
Asimismo, ha lamentado que «nos ha costado descubrir que bajo el bonito envoltorio, el caramelo estaba envenenado. Este proyecto esconde un contenido altamente tóxico para la democracia y la convivencia, pues dice trasponer una directiva europea, pero lo cierto es que la acaba pervirtiendo. Y lo hace porque extiende el objeto de la misma a cualquier infracción penal o administrativa grave y no solo se limita al elenco que recoge la directiva».
En definitiva, Ruiz ha explicado que este proyecto de ley » introduce una grave inseguridad jurídica que pone en riesgo la libertad de opinión y de expresión», por lo que ha explicado que es algo que «ningún demócrata debería tolerar». «Proteger a denunciantes anónimos en el marco de las leyes liberticidas creadas por este Gobierno, nos acerca peligrosamente a la España del Frente Popular o la Cuba marxista con los famosos delatores políticos».