El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para la defensa del sector del olivar para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el texto registrado, VOX asume que el aceite de oliva es “un pilar fundamental de nuestro sistema agroalimentario”. España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior; además, la producción española de aceite de oliva supone el 70% de la producción de la Unión Europea y el 45% de la producción mundial.
De este modo, el GP VOX aporta más datos sobre la repercusión de este producto: “El sector olivarero mantiene más de 350.000 empleos en la agricultura y más de 15.000 en la industria, así como más de 32 millones de jornales por campaña. Además de su indiscutible importancia económica, el sector tiene una gran repercusión social, ambiental y territorial, ya que el cultivo se extiende por la práctica totalidad del territorio nacional”.
Los datos son claros: España es líder mundial en el mercado de aceite de oliva y su consumo tiene una evidente tendencia ascendente debido a la popularización de un producto con innumerables propiedades beneficiosas para nuestro organismo.
Sin embargo, el precio del aceite de oliva en España ha sufrido una fuerte escalada: “En los dos últimos años el precio del aceite de oliva ha experimentado un crecimiento del 120%. Sólo en septiembre experimentó un aumento de un 67% respecto al mismo mes de 2022 y del 10,1% respecto al mes de agosto, “su mayor subida interanual en 21 años”, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Lejos de tener una previsión optimista, los analistas del mercado prevén un mantenimiento de los precios actuales debido a factores como el aumento de precio de los costes de producción o las recientes sequías. Se trata, afirma la formación, de una “situación crítica que se traduce en un aumento del precio final para el consumidor, convirtiendo al aceite de oliva, producto base de nuestra alimentación, en un artículo de lujo para las familias españolas”.
Ante esta situación, el Gobierno elaboró el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo que contenía un paquete de medidas para paliar la subida generalizada del coste de insumos y los efectos de la sequía. No obstante, “ni las ayudas son suficientes ni atajan los problemas estructurales del sector primario”. Además, los olivareros han quedado excluidos de las ayudas contenidas en la Orden APA/871/2023 provocando la denuncia de varias asociaciones agrarias.
Por todo ello, se insta al Gobierno a:
- Promover las medidas necesarias para la defensa del sector del olivar en España mediante:
- Un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de nuestros recursos hídricos en todo el territorio nacional que, sobre la base de los principios de solidaridad y bien común, contemple la interconexión de cuencas como medida esencial para hacer frente a los contextos climatológicos adversos, como la sequía, connaturales a la realidad climatológica y geográfica y garantice el acceso de todos los españoles al agua sin importar en qué parte de España se encuentren.
- Un plan de regadíos que contribuya a la modernización del regadío español para favorecer un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.
- Garantizar las ayudas para las actividades del sector primario afectadas por la sequía y, en particular, el sector del olivar y del viñedo.
- Reivindicar los intereses del sector primario español ante las instituciones europeas mediante la defensa del uso de fitosanitarios, el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria, la persecución de la competencia desleal de otros países y una Política Agraria Común acorde al interés general de los españoles».