El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para ‘establecer el marco de actuación de las Administraciones Públicas ante los efectos negativos de la inmigración ilegal masiva’.
La iniciativa denuncia que “desde que Sánchez llegó al Gobierno, han entrado en España más de 300.000 inmigrantes ilegales” y que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2024 entraron 17.529 inmigrantes ilegales, un 236,6% más que durante el mismo periodo del año anterior.
Estas cifras, explica la formación, evidencia la invasión migratoria promovida por el Gobierno de Sánchez, “haciendo seguidismo de unas élites de Bruselas que, en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias y los trabajadores, han decidido implantar un modelo de inmigración descontrolada” poniendo en riesgo el futuro de Europa, la convivencia, la seguridad y la prosperidad.
Además, el aumento de las cifras del número de inmigrantes ilegales que han entrado en España en el último año coincide con el incremento de la comisión de delitos. “Han aumentado un 45% los secuestros, un 9,5% el tráfico de drogas y un 15% los delitos contra la libertad sexual”, lamenta el GP VOX. Y refleja con datos del Ministerio de Igualdad que el 49% de los autores de asesinatos de mujeres son extranjeros, y eso teniendo en cuenta que sólo representan el 12,63% de la población que vive en España.
“Nos encontramos ante una situación insostenible que pone en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles”, denuncia VOX. Porque la inseguridad se suma además a la “pauperización de las familias españolas”.
En este sentido, la formación de Santiago Abascal destaca que “España es una de las tres únicas economías de la zona Euro cuyos trabajadores pierden poder adquisitivos desde el año 2000”. Y sumado a una “inflación desbocada que ha llegado a rozar el 10%”, que ha afectado, sobre todo, a productos y suministros básicos, hace que un 21% de la población española no pudiera mantener su vivienda a una temperatura adecuada en el año 2023.
Sin embargo, mientras España necesita “políticas destinadas a atajar el progresivo empobrecimiento de los españoles” el Gobierno de Sánchez aumenta constantemente “el gasto en ayudas y atención destinada a inmigrantes ilegales, que de hecho las reciben en muchas ocasiones por delante de los españoles en necesidad”, expone VOX.
“No podemos seguir permitiendo que, mientras los españoles no llegan a final de mes, se estén concediendo ayudas a inmigrantes ilegales que se les niegan a los propios nacionales”, denuncia la formación de Santiago Abascal, “la inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación”.
Por todo ello, VOX propone las siguientes medidas para que las ciudades españolas “no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles”:
- Impedir, por todos los medios posibles, la regulación masiva de inmigrantes ilegales.
- Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que comentan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.
- Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
- Trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.
- Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de la asistencia humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países de origen.
- Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y todos sus colaboradores.
- Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENAs que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.
- Impulsar la repatriación de todos los menores extranjeros a sus países de origen de forma inmediata, con sus padres, familiares o entorno íntimo.
- Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratados inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; entre los que se encuentran países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.
- Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
- Impulsar las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.
- Promover la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.
- Establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.
- Impulsar la elaboración, en todos los municipios de España, de los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.
- Introducir explícitamente en las bases de toda subvención destinada a personas físicas el requisito de residencia legal y no de mero empadronamiento para poder ser beneficiario de las mismas.
- Incluir, con carácter general, el acceso prioritario de los españoles a ayudas sociales públicas y prestaciones de dependencia.
- Detener la reubicación dentro de España de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
- Poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada a reubicar a inmigrantes ilegales en el territorio