Emilio del Valle

Emilio del Valle califica a García Ortiz como ‘un fiscal al servicio del proyecto de Sánchez’

El portavoz adjunto de VOX en la Comisión de Justicia, Emilio del Valle, ha calificado al candidato a Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como «un fiscal al servicio del proyecto del señor Sánchez, lo que los socialistas llaman uno de los nuestros«. Por este motivo, a juicio del diputado de VOX, el candidato «carece de cualquier requisito de imparcialidad, neutralidad e independencia» y de la «idoneidad para ser nombrado Fiscal General del Estado».

Del Valle ha recordado que el 28 de julio de 2022 García Ortiz aseguró que le había avalado el CGPJ, «pues bien, ahora no dispone de dicho aval», ha afirmado el diputado de VOX.

Asimismo, del Valle ha recordado que el informe del CGPJ del 30 de noviembre de 2023 señala que García Ortiz «no resulta persona idónea para el nombramiento como Fiscal General del Estado«. En primer lugar, por «razones de deficiente legalidad en la gestión administrativa de la fiscalía».

Por otro lado, ese informe asegura que «es lamentable que el Gobierno de España mantenga la propuesta de su nombramiento cuando es evidente que hay serias dudas fundadas de que vaya a desempeñar el cargo de una forma imparcial, neutral e independiente y de que vaya a favorecer la independencia de los fiscales respecto del poder Ejecutivo».

Del mismo modo, Emilio del Valle se ha remitido al CGPJ, que sostiene que «en poco más de un año usted ha procedido a la designación de 33 nombramientos discrecionales, de ellos 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresista de Fiscales de la que usted era presidente».

En tercer lugar, el diputado de VOX ha aludido a las «razones de deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la fiscalía». En este caso, el informe denuncia los «ataques mendaces que se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al eufemísticamente denominado conflicto catalán, y no sólo por representantes de la pretendida opinión pública, sino sobre todo, por instituciones y cargos públicos sacando del ámbito jurídico lo que nunca debió salir».