El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una enmienda de modificación a la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno presentada por el PP (“para que dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles”), que se debatirá como punto séptimo del pleno que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados.
El diputado por Granada, Jacobo Robatto ha defendido la enmienda este miércoles en pleno. El diputado de VOX por Granada ha asegurado: «El cupo catalán es una discriminación completa entre personas de un mismo país. La ley debe ser igual para todos y el principio de igualdad debe primar no sólo entre hombres y mujeres sino, además, entre regiones. Una persona que ha nacido en Cáceres o en Granada debe estar sometida al mismo régimen jurídico que otra que haya nacido en Lérida o en Tarragona. Decir esto, que es evidente, se ha convertido en algo revolucionario».
En el texto, VOX argumenta que “es imprescindible introducir mejoras sustanciales” a la iniciativa planteada por el PP, teniendo en cuenta el contexto actual, es decir, “con nuevas cesiones a separatistas fruto de pactos de gobernabilidad”.
De este modo, la enmienda recoge que “los hechos demuestran que el modelo autonómico ha sido la base sobre la que los separatistas han logrado acceder a más recursos económicos, a fin de gestionar un volumen creciente de competencias, a menudo en detrimento de la igualdad entre los españoles o la calidad de los servicios prestados”.
Con esta enmienda, el GP VOX pretende reorientar la iniciativa “situando a los españoles, y no a los intereses políticos, en el centro del sistema”. Por ello, se subraya la necesidad de “recuperar los principios de igualdad y solidaridad entre los territorios, los cuales han sido olvidados, generando un debilitamiento progresivo de nuestra nación, provocado por intereses de poder que nada tienen que ver con el bienestar de los españoles”.
En su intervención, Robatto ha recordado que «se habla de las cesiones de Sánchez con los separatistas, pero no se habla de cómo hemos llegado hasta aquí. El sistema de extorsión de los separatistas existe porque funciona y porque ha habido acuerdos cuando lo necesitaron gobiernos de todo signo y color».
«No se puede criticar el cupo catalán y defender el concierto vasco. Todos los españoles tienen que ser iguales ante la ley y a ojos del Estado, que debería ser el garante de esta máxima. Pero no es así», ha añadido.
Asimismo, la enmienda propone reforzar los mecanismos de control sobre las “ineficiencias y duplicidades que el actual sistema autonómico ha generado”, ya que constituyen una fuente de pérdida de recursos que solo pueden cubrirse mediante un incremento insostenible de los impuestos y la deuda pública. “Los españoles no pueden seguir viendo mermada su capacidad adquisitiva por el aumento constante de la carga fiscal, ni condenar a las futuras generaciones a asumir una deuda inasumible, mientras los servicios públicos esenciales continúan deteriorándose en calidad y accesibilidad”.
En definitiva, la modificación del texto propuesta por el GP VOX es la siguiente:
-Iniciar las negociaciones oportunas para diseñar un modelo territorial que garantice la igualdad y la solidaridad entre todas las regiones de España.
–Garantizar la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, sin que ello implique subidas de los impuestos que soportan los españoles, y tratando de obtener la mejora en la eficiencia del gasto público y en la prestación de los servicios que son brindados por las administraciones regionales. Asimismo, se eliminarán todo tipo de embajadas, entes y empresas públicas que impliquen gastos para el desarrollo de competencias que son competencia de la Administración General del Estado.
-Garantizar que los acuerdos entre distintas administraciones sirvan para mejorar la prestación de servicios y la equidad de los recursos de las administraciones regionales.
-Garantizar la especial situación de Canarias y Baleares, así como de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en reconocimiento de su condición de territorios extrapeninsulares y con el fin de garantizar la unidad e integridad de la nación española.
-Estudiar los impactos negativos que ha generado el sistema de financiación autonómica en la creciente brecha entre territorios, ya que las regiones con mayores recursos han logrado un desarrollo más acelerado, mientras que las menos favorecidas han quedado rezagadas, tanto en términos de convergencia como de calidad y accesibilidad de los servicios públicos.
-Garantizar que la calidad de los servicios prestados en materias cuya competencia haya sido transferida a las administraciones regionales sea homogénea y equitativa en todo el territorio nacional. De esta forma, asegurar que cualquier español, independientemente de su lugar de residencia, reciba los mismos servicios en términos de calidad, accesibilidad y eficiencia.
-Garantizar la gestión eficaz de los fondos europeos derivados del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia, por parte de todas las administraciones, asegurando que atienda a las necesidades reales de todos los españoles.
-Analizar los fondos existentes y el cumplimiento de los fines para los que están previstos, para lo que se establecerá un plan sistemático anual por el que se revise cuántos fondos recaen de forma efectiva en los servicios para los españoles y que, por tanto, elimine las ineficiencias del gasto, y suprima el gasto superfluo y las duplicidades administrativas.
-Poner fin a la proliferación de Agencias tributarias regionales, asumiendo la gestión y recaudación de todos los tributos estatales, cedidos o no, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para mejorar la eficiencia de la recaudación y evitar desigualdades entre españoles.
-Garantizar que ninguna administración regional pueda tener privilegios económicos frente al resto, derivado de pactos políticos para la gobernabilidad o investiduras. En este sentido, manifestar públicamente un rechazo tajante e inequívoco del acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura del presidente del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, y declarar, en consonancia con lo anterior, que no se impulsará por el Gobierno ninguna acción que permita la ejecución del indicado acuerdo, y que se adoptarán las medidas necesarias para impedir su cumplimiento.
-Garantizar que en ningún caso el dinero público sea destinado al ataque de la nación española.
-Impulsar la devolución automática al Estado de las competencias cedidas a las comunidades autónomas en materia de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.