El Grupo Parlamentario VOX ha defendido este martes en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso una proposición no de ley para modificar la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen los criterios estadísticos para la medición del paro registrado.
El diputado de VOX por Alicante David García Gomis ha planteado «una pregunta muy sencilla»: «Cuando el Gobierno comunica cada mes el número de parados registrados en España, ¿estamos viendo toda la realidad del mercado laboral o solo una parte de ella?». Así, se pide «que los españoles conozcan con claridad qué mide exactamente esa cifra y qué situaciones pueden quedar fuera de ella».
«Resulta llamativo que en 2026 sigamos utilizando como pieza central para determinar el paro registrado una orden ministerial de 1985», ha señalado. Desde entonces han aparecido nuevas modalidades contractuales, ha habido numerosas reformas laborales y «el contrato fijo discontinuo ha adquirido un peso que hace cuatro décadas era imposible prever». Sin embargo, aquella orden sigue decidiendo qué demandantes forman parte del paro registrado y excluye, entre otros, a ocupados que buscan otro empleo, trabajadores con contratos temporales suspendidos o demandantes con reducción de jornada. El fondo de la iniciativa, ha explicado, es «no borrar información, no sustituir una estadística por otra, sino dar más información», de modo que cualquier ciudadano sepa qué representa cada dato en lugar de «escoger la cifra que resulte políticamente más cómoda».
La proposición plantea actualizar los criterios de la orden, ofrecer información detallada sobre las situaciones que hoy no aparecen en la cifra principal de paro, conocer mejor las ofertas de empleo rechazadas y disponer de datos diferenciados sobre perceptores de prestaciones, subsidios, ingreso mínimo vital y otras ayudas vinculadas a la inscripción como demandante. «Las políticas de empleo no se diseñan con titulares, se diseñan con información», ha defendido García Gomis, que ha sostenido que «no debería existir ninguna batalla partidista sobre algo tan básico».
«Una norma estadística no puede convertirse en una pieza intocable durante 40 años mientras cambia por completo aquello que pretende medir», ha concluido. «Es exactamente lo que planteamos hoy: hacer en 2026 lo mismo que el legislador consideró necesario hacer en 1985 y ofrecer a los españoles una fotografía más completa de su mercado laboral, porque una estadística pública debe servir, antes que nada, para conocer la realidad».