El diputado de VOX por Madrid y portavoz en la comisión de Justicia, Javier Ortega, ha reivindicado el Estado de derecho, la división de poderes, la independencia judicial frente a las injerencias de los partidos políticos durante su defensa de la proposición de ley presentada por VOX para la modificación de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Ortega ha explicado que «lo que está en juego no es simplemente una reforma del poder judicial», sino «evitar la injerencia política en el órgano que va a llevar a cabo los nombramientos de las altas magistraturas de la Justicia».
En este sentido, el diputado de VOX ha puesto el acento en preservar el poder judicial, aunque ha admitido que si ese órgano, el CGPJ, está controlado entonces «están controlados los magistrados del TC, del Supremo y de la Audiencia Nacional. Y si están controlados los magistrados entonces están controlados los procesos judiciales. Y si están controlados los procesos judiciales hay una sumisión del poder judicial al poder Ejecutivo y al Legislativo. Y si eso ocurre no hay división de poderes, y si no hay división de poderes no hay independencia judicial, y si no hay independencia judicial no hay estado de derecho y si no hay estado de derecho no hay democracia».
El objetivo de VOX -ha señalado- es que «exista una verdadera garantía» para evitar «la injerencia de los partidos políticos en la justicia» y ha vuelto a incidir en la propuesta de su formación: que de los 20 vocales del CGPJ, 12 sean elegidos por y entre jueces y magistrados en activo y los 8 restantes por el Congreso (4) y el Senado (4).
Por ello, Ortega ha recordado que frente a la ley de 1985 que pretende reformar VOX, sólo la ley de 1980 respetó el mandato constitucional de respeto a la independencia judicial y la separación de poderes. «Pero en 1982 desgraciadamente para España ganó las elecciones por mayoría absoluta el PSOE y no le gustó que hubiera un poder judicial independiente, un poder judicial que pudiese actuar y poner freno a las fechorías y corruptelas del PSOE y por eso en 1985 aprobó esa ley orgánica que rompía ese principio constitucional de separación entre los vocales (8) de origen de los partidos y 12 mayoritarios de origen judicial».
Sin embargo, las reformas posteriores del PP tampoco fueron satisfactorias. «Fueron, como tantas cosas en el PP, puro maquillaje de cara a la galería«. Así, se ha referido a la del año 2001, una reforma que «establecía que 36 de los candidatos habrían de ser elegidos por asociaciones judiciales, es decir, precandidatos preseleccionados, no había en modo alguno una elección libre, directa, secreta e igual por parte de jueces y magistrados, sino que las asociaciones -todas adscritas a un partido político- son las que iban a preseleccionar a los candidatos».
A continuación Ortega se ha referido a la reforma de 2013 en la que «el PP dijo que iban a ser lo avales que pongan las asociaciones o los jueces». En definitiva, «una vez más el bipartidismo del ‘PPSOE’ siempre unido contra la independencia del poder judicial, siempre por el control del CGPJ y en controlar los nombramientos que proceden de ese CGPJ, porque si controlan los nombramientos del TC, el Supremo, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional están evitando verse sentados en el banquillo cuando no les interesa. El bipartidismo del PPSOE sabía que era absolutamente imprescindible controlar el CGPJ».
En definitiva, Ortega ha afirmado que la reforma que propone VOX «significa preservar la democracia, el Estado de derecho, la división de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, la libertad de todos los españoles frente a las injerencias de los partidos políticos«.