La formación presenta una Proposición de Ley para modificar la Ley General de la Seguridad Social y enmendar así las graves consecuencias que el texto del Gobierno Sánchez ha provocado en las personas con discapacidad, que no pueden ahora acceder a las prestaciones que les corresponden.
El pasado 3 de septiembre de 2021 entró en vigor la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reformaba la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. (Ley, por cierto, recurrida por el Grupo Parlamentario VOX ante el Tribunal Constitucional).
Con esta modificación de la legislación no sólo se suprimió la distinción clásica entre ‘capacidad jurídica’ y ‘capacidad de obrar’, sino que también se eliminó el procedimiento de incapacitación judicial. Es decir, con la entrada en vigor de esta nueva norma ya no se dictan resoluciones de incapacitación judicial sino medidas de apoyo, bien en sede judicial o en sede notarial.
Sin embargo, entre las normas modificadas por esta ley (Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil o Ley de Jurisdicción Voluntaria) no figura el Real Decreto Legislativo 8/2015 de texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Un error que, como advertía VOX, ha derivado en un «gravísimo perjuicio para las familias».
¿Por qué un perjuicio?
En la disposición adicional vigésima quinta de la citada norma se señala que «a los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65% aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces«. Es decir, que gracias a esta disposición se asemejaba a las personas que disponían de una resolución judicial de incapacidad con aquellas que tenían una resolución administrativa de discapacidad igual o superior al 65% pudiendo acceder así a las prestaciones que el sistema de Seguridad Social tiene aparejadas al hecho de la discapacidad.
¿Y ahora?
Ahora, con la entrada en vigor de la ley 8/2021 recurrida por VOX ya no se dictan resoluciones de incapacitación judicial y la disposición de la Ley de Seguridad Social no contempla la figura de “medidas de apoyo”. De esta forma, las personas que no disponen de resolución judicial, sino de las llamadas “medidas de apoyo” no pueden tener acceso a la asignación económica. Lo mismo ocurre con quienes, al amparo de la nueva ley, están solicitando que su sentencia de incapacitación sea sustituida por medidas de apoyo. Éstas últimas tampoco tendrán acceso a las prestaciones de la Seguridad Social asociadas al hecho de la discapacidad.
El Grupo Parlamentario VOX, en su empeño de proteger a las familias y, en especial, a las personas más vulnerables -hoy abandonadas por el supuesto «ímpetu reformador y transversal» del Gobierno-, ha registrado una Proposición de Ley para modificar esta disposición adicional y así conseguir que las 250.000 personas que se han visto afectadas por este cambio de legislación puedan acceder a la prestación por discapacidad como hacían antes de la entrada en vigor de la ley 8/2021.
«Esta ley tenía entre sus objetivos redundar en el bien de las personas con discapacidad. No obstante, ha demostrado ser el cauce de una grave injusticia que debe atajarse de inmediato con el objetivo de que no produzca más daños irreparables en muchas familias españolas, para las cuales las ayudas de carácter asistencial pueden resultar esenciales», señalan desde el Grupo Parlamentario.
Por todo esto, el GPVOX pide la modificación de la disposición vigésimo quinta de forma que quede redactada de la siguiente manera: “A los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces o que dispongan de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.