El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza España para su debate en Pleno.
En el texto, la formación asegura que es necesario “poner fin a todas las políticas de efecto llamadaque han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos”. Además, añade: “Debemos trasladar un mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España”.
En esta línea, VOX exige al Gobierno que deje de eludir sus responsabilidades pues “debe expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro país”. Asimismo, propone la eliminación de “todas las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y a las oenegés, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal”.
Asimismo, el texto reclama que “ningún Estado promueva oleadas masivas de inmigrantes ni use estas como arma diplomática”, ya que “España y Europa deben supeditar cualquier tipo de cooperación internacional a la colaboración en el control de los flujos y la lucha contra las mafias del tráfico de personas”.
Para ello, el GP VOX propone la creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión Europea. Además, en la iniciativa se recoge la figura del asilo pues, según VOX, “es fundamental para todas aquellas personas que efectivamente están sufriendo las consecuencias terribles de una guerra o cualquier tipo de persecución ya sea política o religiosa. Además, jurídicamente, el refugiado nunca ha tenido la intención de arraigar ya que, por definición, el refugio es temporal”.
No obstante, añade la formación, el fraude de ley “se produce cuando un inmigrante ilegal, que está a punto de ser expulsado, solicita asilo con el propósito de aprovecharse del artículo 19 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que impide su expulsión mientras se evalúa su solicitud”. También puede darse mediante otros mecanismos: “Recurriendo la resolución de expulsión mediante recurso de reposición amparándose en que la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común que establece que la eficacia de una resolución puede suspenderse si se argumenta la protección de derechos fundamentales o la existencia de causas de nulidad de pleno derecho según el artículo 47 de la misma ley”.
Por todo ello, el GP VOX pide al Congreso que inste al Gobierno a:
- Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país.
- Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
- Impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.
- Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a promover el endurecimiento de las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.
- Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; tales como, por ejemplo, Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.
- Suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
- Suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales, tales como Argelia o Marruecos.
- Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.
- Proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.
- Aplicar de forma sistemática y rigurosa, con la mayor celeridad y rigor, lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional; a fin de acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión o denegación de la protección y acordarla inmediatamente en su caso; teniendo en cuenta el criterio de país seguro a fin de no reconocer protección internacional, por ejemplo, a quienes proceden de Marruecos, Argelia y otros países seguros. En tanto no se apruebe la lista de país seguro, deberá entenderse como país seguro cualquier país tercero considerado como tal por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
- A establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.
- Favorecer que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.
- Poner fin inmediatamente a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
- Cesar en la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y haya solicitado protección internacional en tanto no se acompañe por el Ministerio competente, bajo la responsabilidad personal del Ministro, certificación de haberse realizado el examen pormenorizado de todos los motivos de inadmisión, exclusión y denegación de las solicitudes de protección internacional y de que el sujeto correspondiente no procede de ningún país seguro.
- Reforzar con agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado todas aquellas regiones y localidades españolas que sean sujeto de la reubicación de inmigrantes ilegales por mandato del Ministerio del interior, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.
- Exigir la responsabilidad de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, y Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, por cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los españoles derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales.
- Impulsar todas las medidas necesarias para que ninguna partida presupuestaria pública sea destinada a la reubicación de inmigrantes ilegales en España.
- Garantizar que la política en materia de cooperación internacional, así como todas las ayudas relacionadas con esta, sean competencia exclusiva del Gobierno de la Nación.
- Suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o a cualquier ONG que opere en dicho territorio con el fin de realizar una auditoría urgente de dichos pagos que determine si estos se han destinado, o no, a ayuda humanitaria; garantizando que ni un solo euro de los españoles se destina a organizaciones terroristas como Hamás.