El diputado de VOX, Pablo Calvo, ha reivindicado «una justicia ágil y eficaz», durante el debate del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. «Este Gobierno considera obsoleto el modelo de justicia y pretende implantar el recogido en el Proyecto LO de Eficiencia Organizativa, sustituyendo los Juzgados, por tribunales de instancia con secciones, donde se reflejan las competencias, de manera idéntica a como se propone aquí. Razones de técnica legislativa, de unidad procedimental, de eficiencia y coherencia, justificarían un único proyecto». Por ello, ha añadido que «España necesita con urgencia una Justicia ágil y eficaz y un Gobierno nuevo«.
En opinión de Calvo, «hay aspectos de esta reforma que nos parecen muy desacertados», entre los que destacan los siguientes:
–La modificación del artículo 86 de la LOPJ, en virtud de una enmienda transaccional, es un error mayúsculo. Se establecen criterios poblacionales para determinar cuándo una provincia puede dejar de contar con juzgados de lo mercantil, o cuando una población distinta de la capital de provincia tiene derecho a tener el suyo propio. Ya se dijo en la Comisión, que el caso de Elche señala muy bien lo equivocada de esta reforma. No tiene más de 250.000 habitantes, y es limítrofe con el de la capital provincial. Según el Proyecto, una ciudad de esta importancia industrial NO podría contar hoy con su propio Juzgado de lo Mercantil. Si, además, el criterio poblacional se aplica exclusivamente a los municipios y no a los partidos judiciales, territorios a los que se extiende la jurisdicción, la diferencia puede ser determinante. De nuevo Elche, vuelve a quitar la razón al gobierno.
Los responsables de la España abandonada pretenden ahondar más la brecha y la desigualdad, al permitir que se pueda privar a una provincia de contar con algún órgano judicial. Ya sabemos, que ustedes son más de CC.AA. que de provincias. Pero les tengo que recordar que el Art. 141 de la CE establece que la provincia “es la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”, y la justicia es una de ellas, como expresión de su soberanía. ¡Qué mejor elemento de cohesión social y territorial de España que todas las provincias cuenten con todos los órganos judiciales! Su plan de medidas ante el reto demográfico, tampoco lo corrige, como tampoco habla de familia ni natalidad, solo de resiliencia, cambio climático o perspectiva de género.
–El Gobierno permite que las Autonomías asalten competencias propias del Estado en materia de justicia, lo que nos parece irresponsable y posiblemente inconstitucional. Se condiciona la decisión del Gobierno a contar con un informe favorable del gobierno autonómico. ¿se imaginan lo que ocurriría a las puertas de una negociación de los PGE? O a la inversa, ¿qué dirían las autonomías si sus leyes tuvieran que supeditarse al visto bueno del Gobierno de España? Aquí, se vacía de contenido, un poco más, al órgano de gobierno del Poder Judicial para dárselo en bandeja a las autonomías. Ya en marzo del 21, había limitado las competencias del CGPJ en funciones, para nombrar magistrados. Sin embargo, el viernes, el PSOE se rectificó a sí mismo. Pero NO para acertar, sino para controlar la justicia. Pues resulta que ahora sí va a permitir que el CGPJ elija a dos magistrados del Constitucional, (sin informes previos) eso sí, nada de Supremo, ni de TSJ, ni Audiencias. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues el enorme lío judicial que tiene el Gobierno y el PSOE. Esto es autocracia. Vox tenía razón. Por cierto, ¿Lo sabían señorías de Podemos? ¿Y Vds del PP? ¡Dejen que los jueces se elijan por los jueces y NO secuestren su imparcialidad!
-Se reforma también la competencia para conocer las reclamaciones de los pasajeros de medios de transporte colectivo, que se extrae de los Juzgados de lo Mercantil donde hoy se resuelven con eficacia, en favor de los de primera instancia. Tremendo error, pues los Juzgados de Instancia, ya colapsados, se colapsarán aún más. Si deben reforzar los juzgados de lo mercantil, háganlo, pero no a costa de mover competencias.