La portavoz de VOX en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Reyes Romero, ha defendido la proposición no de ley de VOX, relativa a la elaboración de un estudio sobre la incidencia de la eutanasia desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. (La iniciativa no ha salido adelante por los votos en contra de la izquierda y los grupos separatistas).
Su discurso, ha sido el siguiente:
«VOX es un partido que está decididamente a favor de la vida, el único de esta cámara. Hay otros partidos que decían ser provida, o que lo dicen todavía cuando quieren ganar votos en determinados ambientes, pero luego, a la hora de la verdad, votan sistemáticamente en contra de la vida humana».
Aquí tienen una buena ocasión para demostrar de qué lado están. Nosotros, los de VOX, tenemos autoridad moral para proponer iniciativas como la que hoy presentamos en esta sala, iniciativas que lo que pretenden es que la sociedad reflexione sobre el triste y sombrío camino de muerte que ha emprendido con la ley de la eutanasia.
Nuestra postura al respecto ya ha quedado clara muchas veces: VOX es el único partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
La dignidad de la persona humana no permite que se contemple si quiera la posibilidad de que nuestro sistema público de salud se convierta en una instancia que se dedique a eliminar vidas humanas consideradas “residuales”.
A la misma profesión médica, como siempre la hemos entendido desde Hipócrates hasta la actualidad, le repugna la idea de que el personal sanitario tenga la facultad de quitarle la vida a sus semejantes, aunque sea a demanda de estos. Los médicos se preparan para curar, señorías, no para aplicar la pena de muerte. Así se recoge en su Juramento Hipocrático.
Cuando una persona en su sano juicio escucha la expresión “yo me quiero morir”, lo que todos entendemos es que esa persona está sufriendo y necesita ayuda. A nadie se le ocurriría darle un veneno a esa persona sufriente con la excusa de que “me lo ha pedido él”.
Y cuando una persona en un hospital, en una situación médica complicada, nos dice que “se quiere morir” lo que nos está diciendo es que no quiere padecer y necesita urgentemente unos cuidados especiales. Los protocolos de nuestros hospitales y las condiciones técnicas de la medicina actual permiten una atención digna a las personas que se encuentran en esa situación gracias a los cuidados paliativos, sin necesidad de recurrir a la “solución final” que supone la práctica de la eutanasia.
Por eso VOX registró ayer en el Congreso una Ley de Cuidados Paliativos, para que todos los enfermos reciban en el proceso final de su vida los cuidados que merecen. Ustedes, los partidos que defienden la cultura de la muerte se agarran a la voluntad de los interesados, al muy socorrido argumento del “derecho a elegir”, pero siempre lo usan en un contexto equivocado. Por ejemplo, a la hora de elegir escuela, o de escoger el idioma en el que rotular tu negocio, parece lógico que se haga al gusto del consumidor. En esos casos, imposición y mano dura. En cambio, cuando se trata de eliminar vidas humanas, entonces sí existe el derecho a elegir.
No hace falta haber estudiado derecho para entender que la expresión de la voluntad no es tan sencilla como parece a simple vista: a veces se producen situaciones de error, de intimidación, de miedo, que vician una declaración de voluntad… Muchas veces la persona que expresa su voluntad puede estar presionada por terceros, o estar engañada, o haber tomado sustancias que oscurecen la conciencia, o se encuentra en una situación traumática.
Y está claro que una persona en un hospital con una grave dolencia está en una situación de vulnerabilidad máxima, sometida a dolor, a veces a aislamiento, confusión o desesperanza. A menudo ha tomado fármacos, está presionada por sus familiares o incluso por el sistema sanitario, cuyos recursos económico son limitados. Tenemos derecho, pues, a desconfiar de que esas declaraciones de voluntad, supuestamente libres, pueden estar condicionadas, mediatizadas o sencillamente manipuladas.
Además, la experiencia de los países que más tiempo llevan aplicando la eutanasia nos dice que estamos ante una típica “pendiente resbaladiza”, en la que supuestamente se legisla para casos extremos muy graves, como ocurrió con la ley del aborto, pero que inevitablemente se convierte en práctica rutinaria y se utiliza en supuestos cada vez más frecuentes, hasta el punto de que empieza a haber una presión psicológica sobre todos los pacientes que tienen determinado diagnóstico o que han alcanzado cierta edad.
Lo vemos en el país pionero en este siniestro asunto de la eutanasia, en Holanda. Allí, se aprobó la ley en 2002 y en los primeros cinco años de vigencia el número de casos no superaba los dos mil al año. Hoy, en 2022 están muy cerca de los 7.000 casos al año y continúa creciendo. Ahora las enfermedades mentales, degenerativas como la ELA o el COVID, son causas muy frecuentes que se esgrimen para solicitar la muerte, aplicándose incluso a niños. A lo mejor aquí, como diría la señora Montero, “los niños, las niñas y les niñes” también tienen “derecho” a que se le aplique esta barbaridad.
En fin, como digo, el objetivo de nuestra iniciativa es recabar información de primera mano de cuáles son las consecuencias que está provocando esta práctica, en qué condiciones concretas se está aplicando, observando además las desigualdades y desequilibrios que se producen como consecuencia de este estado autonómico en el que incluso los ataques al “derecho a la vida” se aplican en cada territorio de manera aleatoria.