El diputado de VOX por Córdoba, José Ramírez, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX al proyecto de ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, una norma que ha calificado como «un sabotaje al sector» y una oportunidad perdida para impulsar una industria audiovisual competitiva, libre y orientada al éxito empresarial.
Durante su intervención, Ramírez ha denunciado que el texto presentado por el Gobierno es esencialmente el mismo que ya intentó aprobar en 2023 y que mantiene intactos los problemas estructurales de un modelo basado en el gasto público sin control y en la utilización ideológica de la cultura.
El diputado ha recordado varios ejemplos recientes de producciones subvencionadas con fondos públicos que obtuvieron resultados testimoniales en taquilla, entre ellas películas que recibieron más de un millón de euros de ayudas y apenas alcanzaron unos cientos de espectadores. «Mientras los españoles afrontan dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda, recibir una atención sanitaria adecuada o garantizar la educación de sus hijos, el Gobierno continúa dilapidando millones de euros en proyectos que no interesan al público», ha señalado.
Ramírez ha criticado que en 2025 se estrenaran 727 películas españolas, de las cuales 106 no llegaron siquiera a recaudar mil euros, mientras el Ejecutivo destinaba alrededor de 250 millones de euros en subvenciones directas al sector, además de importantes ventajas fiscales y obligaciones de inversión impuestas a las cadenas de televisión.
Para VOX, estos datos evidencian el fracaso de un modelo que no busca fomentar una industria cultural sólida y autosuficiente, sino mantener una red de dependencia económica vinculada al poder político. «No estamos ante errores puntuales, sino ante un sistema que lleva años funcionando de esta manera sin que nadie asuma responsabilidades», afirmó.
Inseguridad jurídica y perjuicio a los productores independientes
El diputado también ha alertado sobre los problemas de seguridad jurídica que genera el proyecto al modificar nuevamente conceptos fundamentales del sector, como la definición de «productora independiente», apenas unos años después de la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Según explicó, los continuos cambios normativos dificultan la planificación empresarial y pueden provocar que numerosas producciones opten por desarrollarse en otros países con marcos regulatorios más estables y previsibles.
Asimismo, VOX considera que el Gobierno intenta corregir parcialmente los perjuicios ocasionados a los productores independientes por la legislación audiovisual anterior, aunque mediante promesas que quedan aplazadas a futuras estructuras administrativas cuya eficacia resulta incierta.
Rechazo a la creación de nuevos organismos públicos
Entre los aspectos más criticados por VOX figura la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, un nuevo organismo que asumiría funciones ya desempeñadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
Ramírez ha advertido de que esta medida supondrá un aumento del gasto público sin aportar soluciones reales a los problemas del sector y favorecerá la proliferación de nuevas estructuras burocráticas tanto estatales como autonómicas.
En este sentido, ha alertado también del riesgo de fragmentación del mercado audiovisual español mediante la multiplicación de organismos territoriales con competencias propias, lo que podría generar criterios distintos en materias como la calificación de las obras cinematográficas.
Una ley al servicio de los socios separatistas
VOX ha denunciado igualmente que el proyecto responde a compromisos políticos adquiridos por el Gobierno con sus socios separatistas, especialmente en materia de promoción lingüística.
José Ramírez defendió que las lenguas regionales forman parte del patrimonio cultural de España, pero rechazó que sean utilizadas como instrumentos de confrontación política o como mecanismo para canalizar recursos públicos hacia proyectos con escasa viabilidad comercial y orientados fundamentalmente a la propaganda ideológica.
Defensa de los incentivos fiscales y de la libertad cultural
Frente al modelo de subvenciones impulsado por el Ejecutivo, VOX ha reivindicado los incentivos fiscales como la herramienta más eficaz para atraer inversiones y grandes producciones internacionales.
El diputado destacó que España cuenta con profesionales altamente cualificados, un patrimonio histórico excepcional y unas condiciones naturales privilegiadas que convierten al país en un destino atractivo para la industria audiovisual internacional, siempre que exista estabilidad normativa y seguridad jurídica.
«Los creadores españoles no necesitan tutela política ni redes clientelares; necesitan un terreno de juego justo, libertad para desarrollar su talento y reglas claras que permitan competir en igualdad de condiciones», afirmó.
Solicitud de devolución del proyecto
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX ha solicitado la devolución del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual al Gobierno para que sea redactado nuevamente desde sus fundamentos, sustituyendo el actual modelo de intervencionismo y subvenciones por otro basado en la libertad económica, la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y el fortalecimiento real de la industria audiovisual española.
Ya en el turno de réplica, el diputado por Córdoba ha explicado al representante de Sumar que este proyecto de ley no es de Sumar, que es del Gobierno, a la vez que le ha expresado que había que rehacer dicho proyecto porque «no era bueno para el sector» y le ha exigido que se informe correctamente.