La portavoz de VOX en la comisión de Interior, Macarena Olona, ha defendido la Proposición No de Ley de VOX por la que se insta al Gobierno a la prohibición de los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven descrédito y humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares.
«Las acciones terroristas de etarras en modo alguno les hacen dignos de ser homenajeados públicamente cuando cumplen la pena de prisión. Los homenajes a etarras son gravemente humillantes para las víctimas del terrorismo. La cuestión es muy sencilla y no caben equidistancias: etarras, no; víctimas del terrorismo, sí«.
La portavoz de VOX ha relatado diferentes actos de enaltecimiento de asesinos etarras como el de Ignacia Ceberio en el ayuntamiento de Lizarza en 1998, el que Otegui protagonizó en 2005 o el de 2016 cuando un etarra recién excarcelado fue homenajeado en el sillón del alcalde en el salón de plenos. «Las víctimas ven que parte de la sociedad con el apoyo de poderes públicos consideran como héroes a los asesinos», ha lamentado Olona.
Asimismo, la portavoz de VOX se ha hecho eco del comunicado de los principales sindicatos policiales del 16 de octubre en el que denuncian el hastío y abandono institucional del Estado a la Policía y Guardia Civil en el País Vasco. Los policías «asisten con perplejidad al avance silencioso de movimientos separatistas y a la exclusión de cualquier cuestión que evidencie la presencia del Estado en Euskadi ante la indiferencia de nuestros responsables políticos e instituciones».
El comunicado sigue de esta manera: «En el ámbito social se realizan diariamente actos de bienvenida a etarras salidos de prisión, homenajeándoles sin ningún tipo de pudor ni medida legal que contengan los actos de apología del terrorismo al tiempo que imágenes del Jefe del Estado son decapitadas en plaza pública el día de la Hispanidad”.
Para Olona esta dejación «se produce intencionadamente porque con la aplicación vigente se pueden frenar los actos de humillación a las víctimas del terrorismo».
En esta misma comisión el diputado Manuel Mariscal ha defendido la postura de VOX -voto negativo- a la PNL de Podemos sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital. «Votaremos no a esta pretensión de censurar a los españoles en las redes sociales o en cualquier otro lugar», ha explicado.
Mariscal ha acusado a Podemos de presentar una iniciativa «para controlar aún más las opiniones de los españoles que publican en sus perfiles de Twitter y Facebook. También insta a que se elimine de manera inmediata a miles de ciudadanos de las redes sociales de un foro público sin las mínimas garantías jurídicas y atentando con ello el derecho a la libertad de expresión. Podemos intenta convertir a los ciudadanos en chivatos para que denuncien a sus familiares y a sus amigos».
Para el diputado de VOX el partido de Pablo Iglesias usa como coartada el término ‘delito de odio’ para censurar lo que no le gusta. «¿Cuáles son los delitos de odio? Sencillamente todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos», ha denunciado.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. «Ustedes están siempre con el sistema, al lado de los poderosos, al lado del capitalismo moralista de Google y Nexflit que dice a los ciudadanos que es lo que tienen que pensar».
Como ejemplo Mariscal ha afirmado que en la propia comisión «se ha pretendido censurar a una diputada de VOX por llamar ‘Marqués de Galapagar’ a Pablo Iglesias».
Por su parte, el vocal de VOX en la comisión de Interior, Ignacio Gil lázaro, ha interpelado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al que ha preguntado sobre «¿Qué explicación da el Ministerio del Interior sobre las declaraciones del ministro del 12 de abril donde afirmaba que no hay censura sino una monitorización de las redes sociales por si hay discurso del odio?».
El diputado de VOX ha señalado que «da la sensación» de que el ministerio del Interior estaba ocupado en «detectar críticas y opiniones personales». Gil Lázaro ha afirmado que «así lo señaló el ministro del Interior el 12 de abril. El 19 de abril el general Santiago dice que la Guardia Civil está en las redes con un doble objetivo: reducir el estrés social y minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Horas después el ministro tratando de ocultar esa realidad en determinados medios de comunicación se publicaron las órdenes de servicio»
«La realidad es que el ministerio del Interior estaba poniendo en marcha un aparato para espiar a los españoles para perseguir la libertad de expresión en las redes estableciendo un modo de censura previa que ni siquiera constitucionalmente está permitida en el Estado de excepción. Ahora ya sabemos que era para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Es decir, imponer una verdad oficial anulando toda voz crítica y perseguir al discrepante como se vio después con la intervención de la Fiscal General del Estado. Ese planteamiento era ilegal».
Gil Lázaro ha explicado ante el secretario de Estado de Seguridad que «una cosa es investigar un acto concreto presuntamente delictivo del que se tiene noticias en redes con autorización judicial y otra investigar sin ella, que es exactamente lo que hicieron para acomodo del Gobierno».
«Los hechos son los hechos, la determinación de la veracidad de las afirmaciones del general Santiago no admiten duda, pero lo que sí admite todas las dudas del mundo son las declaraciones del ministro del Interior cuando dijo que fue un lapsus las declaraciones del general Santiago».
«Según datos oficiales solo en el primer mes de esa labor de rastreo se clausuraron más de 45.000 dominios webs y se rastrearon más de 400.000 páginas. ¿Qué criterios se han seguido? ¿Acaso la militancia política? Es uno de los episodios más vergonzosos para los españoles que ha cometido el Ministerio del Interior durante la gestión de la pandemia».
En la comisión también ha participado el portavoz adjunto de VOX en la Comisión de Interior, Francisco José Alcaraz, que ha preguntado al secretario de Estado sobre qué criterios de acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas o de proximidad al territorio vasco está llevando a cabo el Gobierno con los presos terroristas de ETA
Alcaraz ha denunciado que a través de la vía Nanclares se está pagando el precio político a la banda terrorista ETA con el acercamiento de terroristas. «No es verdad que esos presos hayan pedido perdón a las víctimas, es mentira. No me puede dar el dato de ningún terrorista que haya colaborado con la Justicia para esclarecer los casi 400 asesinatos que todavía están sin juzgar. Esto es un fraude de ley, están traicionando a los españoles y a las víctimas del terrorismo».
Alcaraz ha asegurado que uno de estos pagos hechos a ETA ha sido al terrorista Andoni Otegi Eraso, autor del asesinato, entre otros, de la niña Silvia Martínez Santiago en el cuartel de Santa Pola. «Este terrorista, hijo de un asesino, también se está beneficiando sin haber colaborado con la Justicia».
Del mismo modo la diputada Lourdes Méndez ha interpelado al secretario de Estado de Seguridad, acerca de las medidas adoptadas para evitar los contagios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los primeros intervinientes en las llegadas masivas de inmigración ilegal, así como actuaciones previstas con los inmigrantes ilegales para que no contagien CIE, comisarías y provincias enteras. «No estamos hablando de valoraciones, sino de números que son personas: 22.000 que han entrado de manera irregular en España en 10 meses».
La diputada de VOX ha incidido en la complicada situación de la región de Murcia. «200 personas entran semanalmente por la costa de Murcia. ¿De qué viven y dónde viven estas personas? En Cartagena hay barrios en los que no se puede entrar. Es un peligro muy grande al que no le están haciendo frente. Hay peligro de que se produzcan guetos. Tanto la policía como la Guardia Civil no tienen efectivos suficientes para esta presión migratoria y los españoles más humildes no se pueden cambiar de casa».
Mientras hay españoles que sufren este problema, ha señalado, «en la residencia del ‘marqués de Galapagar’ hay cuatro coches de la Guardia Civil para que no le canten el himno de España», ha concluido.
El otro interviniente del GP VOX ha sido Rafael Fernández-Lomana, que ha preguntado por las medidas de control sanitarias así como de protección a los policías adoptadas tras los incidentes acaecidos en la zona próxima al asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas de San Pedro, Albacete.
El diputado por la provincia manchega se ha interesado por las medidas adoptadas para evitar los contagios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los primeros intervinientes en las llegadas masivas de inmigración ilegal, así como actuaciones previstas con los inmigrantes ilegales para que no contagien CIE, comisarías y provincias enteras. De esta manera Fernández-Lomana ha asegurado que «no se ha realizado PCR a todos los policías, a día de hoy se las tienen que hacer ellos de forma particular a cargo de su economía personal».
El diputado de VOX también ha lamentado que la Brigada de Policía Judicial y la Brigada de Extranjería y Fronteras solo cuentan con mascarillas quirúrgicas y ha asegurado que «el problema de la inmigración ilegal y los temporeros viene de largo en Albacete y la falta de protección a la policía se lleva denunciando desde hace 10 años«.