Este martes se ha celebrado en el Congreso la comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que se ha debatido y votado una solicitud del PP para que recabe el citado Tribunal un informe de fiscalización del análisis y justificación sobre el momento de devengo de la subvención correspondiente a una de las formaciones políticas -EH BILDU-, cuya contabilidad electoral fiscalizada no aparece en el informe de fiscalización número 1612 del Tribunal de Cuentas, relativo a la fiscalización de las contabilidades de las Elecciones Locales del día 28/05/2023. Además, también ha comparecido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
El portavoz de VOX en la comisión, Juanjo Aizcorbe, ha mostrado el apoyo de VOX a la iniciativa del PP y ha denunciado la existencia de «dos fiscalizaciones distintas»: «El dinero público fluye sin control hacia quienes presentaron en sus listas a condenados por terrorismo, los socios del gobierno, mientras se persiga VOX por actividad promocional, limpia, transparente y pública por la venta de bolígrafos y pulseras».
Tras ello, Aizcorbe ha señalado que «no deben percibir subvenciones quienes se incluyen a condenados por terrorismo, salvo que haya un rechazo público de esos fines y esos medios». Finalmente, ha concluido: «El Estado no puede ser equidistante entre quienes quieren destruirlo y quienes lo sostienen con su lealtad, su esfuerzo y su sacrificio».
Tras la primera comparecencia de Chicano ha intervenido el diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, que ha denunciado la facilidad que tiene el Gobierno para conceder subvenciones: «En 2022 el gasto público en subvenciones directas fue de 29.000 millones de euros, de los que 16.000 millones de euros fueron a parar a organismos públicos y 4.400 millones de euros a diversas asociaciones. Un gasto público en subvenciones que ascendió de nuevo a 21.507 millones de euros en el año 2023».
«Muchas subvenciones mientras tenemos un Gobierno incapaz de gestionar las cuentas públicas que está incrementando continua y exponencialmente la deuda pública», ha concluido.
Finalmente, ha intervenido Juanjo Aizcorbe de nuevo para apuntar la mala praxis de multitud de instituciones financiadas con dinero público: «Hablamos de deficiencia estructurales, de patrones reiterados de mala gestión, de opacidad y de inacción que se vienen arrastrando durante años, y lo que es más grave, sin que se adopten las correctoras que el propio Tribunal de Cuentas viene recomendando de forma sistemática».
«No podemos seguir destinando millones de euros a iniciativas sin rumbo, sin métricas y sin objetivos claros», ha sentenciado.