El diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha intervenido en el pleno del Congreso en el debate del informe de cumplimiento del presupuesto de la Cámara y ha denunciado «importantes deficiencias de estimación» y de gestión en las cuentas de la institución.
Sáez ha recordado que se partió de «un presupuesto inicialmente prorrogado de 110,4 millones de euros, que después de las modificaciones subió a 112,3 millones de euros. De ellos solamente se ejecutaron 98,68 millones. Es decir, 13,64 millones de euros quedaron sin comprometer».
El diputado de VOX ha señalado «importantes deficiencias de gestión en inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios»: «La ejecución es de apenas el 36,35 % y en el concepto concreto de inversión nueva para funcionamiento de los servicios baja hasta un extraordinariamente pobre 13,52 %». «Lo que vemos en este informe es que aquello que exige planificación, contratación y gestión presenta niveles de ejecución muy bajos», ha añadido.
Respecto a las transferencias de crédito, Sáez ha admitido que «las modificaciones presupuestarias son instrumentos perfectamente legales y necesarios», pero ha advertido de que «lo que nos debemos preguntar es si están dejando de ser un mecanismo excepcional y empiezan a convertirse en una forma ordinaria de gestionar un presupuesto deficientemente calculado».
En este sentido, ha puesto el foco en el capítulo de gastos diversos: «Se transfieren 350.000 euros adicionales a viajes de comisiones y delegaciones oficiales, incrementando el crédito final hasta los 850.000 euros. El crédito comprometido finalmente ha superado los 885.000 euros. Ninguna explicación al respecto».
Finalmente, el diputado de VOX ha reclamado transparencia sobre el coste de la implantación del catalán, el gallego y el vasco en el Congreso: «La Mesa debería informar sobre el coste específico de al menos los siguientes gastos: interpretación de lenguas cooficiales; traducción escrita y revisión lingüística; transcripción del Diario de Sesiones y comisiones; personal o servicios externos de intérpretes y traductores; sobrecostes en equipos, canales de audio, cabinas, receptores y sistemas de interpretación; adaptaciones del Canal Parlamento y retransmisiones por Internet».
«Si la Mesa decidió implantar este sistema, lo mínimo exigible por transparencia es que los españoles sepamos cuánto nos cuesta», ha zanjado Sáez, que también ha recordado que «nuestra mayor riqueza es que poseemos una lengua común en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción».