El diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha intervenido en la comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas durante la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Sáez ha calificado como “chiringuito” el Instituto para la Transición Justa: “Un chiringuito que en los presupuestos del ejercicio 2023 dispuso de un presupuesto de 501 millones de euros”. En esta línea, ha denunciado “la falta de definición de una programación que conecte las necesidades de las áreas de gestión de subvenciones con los recursos en las áreas de apoyo”.
Además, Sáez ha subrayado las dificultades que sufren las PYMES españolas: “Las PYMES sufren problemas crónicos de acceso a la financiación, escasa capitalización, baja productividad y una elevada mortalidad empresarial en los primeros años de vida”.
Tras él, ha intervenido Juanjo Aizcorbe para denunciar la situación de la vivienda en España. Aizcorbe ha apuntado que en España se recaudan 52.000 millones de euros anuales en impuestos relacionados a la vivienda: “Con 52.000 millones de recaudación anual se podrían promover en torno a medio millón de viviendas protegidas de 80 metros cuadrados cada año. ¿Cuántas viviendas de protección oficial se construyen hoy en España? Una media anual de la última década indica que en torno a 10.000 viviendas al año”.
Es por ello que el diputado de VOX por Barcelona ha asegurado que el problema de la vivienda no está relacionado con la falta de dinero, sino que “estamos ante un problema de prioridades políticas y de gestión”.
Además, ha recordado que de nada sirve construir vivienda si la demanda sobre la vivienda construida continúa aumentando por la llegada de cientos de miles de inmigrantes: “No se puede incrementar de forma masiva la demanda y mantener una oferta estructuralmente limitada”.
Aizcorbe ha intervenido de nuevo para denunciar la situación en la que se encuentra ADIF: “Los procedimientos que debían dar seguridad jurídica y operativa al sistema llegan tarde. Se detectan carencias en materia de control interno y también que la dirección de auditoría interna es insuficiente en 2023 y 2024 para supervisar una ejecución que supera los 3.500 millones”.
“La expresidenta de ADIF y la exsecretaria de Estado han sido imputadas; varios directivos y cargos de ADIF han sido cesados o investigados; y el ministro del ramo está en prisión. Todo esto no puede analizarse al margen de la realidad operativa que indica el informe. En estos últimos meses hemos visto cómo fallos en la infraestructura han terminado en tragedia”, ha continuado.
Finalmente, ha concluido recordando que “cuando hablamos de infraestructuras críticas, la negligencia y la corrupción son un riesgo para la seguridad de todos y pueden causar, como hemos visto, la muerte”.