El portavoz adjunto de VOX en la comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Pablo Sáez, ha intervenido tras la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Sáez ha denunciado la lentitud con la que actúa la administración: “No es normal que se emita el informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones generales de 2023 veinte meses después de la celebración de los comicios. Tampoco lo es que se tarden doce meses en emitir el informe de las elecciones europeas”.
En este sentido, Sáez ha calificado como “inconcebible” que Bildu reciba 805.000 euros: “El artículo 127.4 de la LOREG dice que las subvenciones electorales no se devengarán a un partido cuando en sus órganos directivos, en los que está Arnaldo Otegi, incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado”.
Finalmente, ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación que abrió a VOX por financiación irregular a raíz de una denuncia del PSOE: “Hablamos del PSOE, un partido que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por los pagos en metálico. Curiosamente defiende los pagos en metálico y en sus cuentas anuales no figura ninguna partida de caja como parte de la tesorería del partido”.
Tras él ha intervenido Juanjo Aizcorbe para evidenciar “la falta de planificación, la ausencia de control y una gestión pública que avanza a trompicones, sin rumbo y sin coherencia”. “España lleva décadas arrastrando una política hidráulica condicionada por fronteras administrativas que no responden a la realidad y a las necesidades del país”, ha añadido.