En Madrid, a 27 de diciembre de 2022– El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una moción consecuencia de interpelación urgente para que explique las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para impedir que partidos que atentan contra la soberanía nacional puedan condicionar la vida política de España.
Un texto que denuncia cómo el Ejecutivo Sánchez diseña la agenda de Gobierno conforme a los intereses de los partidos separatistas y filoterroristas. De hecho, son hasta nueve las concesiones que se han impulsado bajo el amparo de conceptos como “convivencia” o “gobernabilidad”:
- Concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Superno por el golpe separatista catalán.
- Pactos con los herederos de la organización terrorista ETA para desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y quitarles competencias en determinadas regiones.
- Favorecimiento de las policías regionales en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de carácter nacional.
- Cesión de la competencia en materia de sanidad penitenciaria al País Vasco de mano de EH BILDU.
- Acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas.
- Cese de la presidente del Centro Nacional de Inteligencia por su eficaz trabajo de investigación a golpistas y terroristas.
- Renuncia a la defensa del español frente a las campañas de desprestigio que está sufriendo en Cataluña desoyendo los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo.
- Desmembramiento de la estructura ferroviaria propiciando su entrega a las regiones de las herramientas para su gestión.
- Intentos, por ahora frustrados, de invadir el Tribunal Constitucional con propuestas de candidatos de filiación socialistas como el artífice de la concesión de los indultos a los golpistas catalanes, Juan Carlos Campo Moreno.
Una lista que se engrosa con el uso fraudulento, por parte del Gobierno, del poder legislativo, como demuestra la tramitación de la Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Bajo el pretexto de la adecuación de la legislación española vigente a la normativa europea, el Gobierno permitió la eliminación del delito de sedición y su sustitución por un delito de desórdenes públicos agravados. Una Proposición de Ley Orgánica, ya aprobada en las Cortes Generales, que supone un fraude evidente en el sistema constitucional dado que su fin no es otro que llevar a cabo una amnistía encubierta a los autores del golpe separatista catalán de 2017.
Una norma aprobada, además, como proposición de ley orgánica en lugar de como proyecto de ley evitando así los pronunciamientos de los diferentes órganos consultivos que alertan de la deriva del Gobierno. Así, y aprovechando lo inusual del proceso en la tramitación parlamentaria, los defensores de la treta jurídica introdujeron unas enmiendas que pretendían modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, impidiendo a los diputados ejercer las funciones que constituyen la base de su función representativa. Una treta que, como es sabido, acabó con la eliminación de esas enmiendas en el proceso legislativo por parte del Tribunal Constitucional en una situación inédita debido a la gravedad del asunto.
Parece claro, a juicio del GP VOX, que el Gobierno ha demostrado que en su centro se ubican las pretensiones de partidos cuya motivación de ser es la destrucción de España. Y así, los enemigos de España actúan con la complacencia del Gobierno a sabiendas de que pueden hallar en él un aliado.
Así pues, el Gobierno, “lejos de ejercer su papel como custodio del interés de los españoles, actúa como una marioneta en manos de separatistas y filoterroristas que obtienen a cambio de su apoyo concesiones, influencia y transferencias que se traducen en perjuicio a la igualdad de los españoles”.
Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a lo siguiente:
- Utilizar el instrumento del artículo 92 de la Constitución Española para consultar a los españoles si quieren la ilegalización de partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía, así como preguntar aquellas cuestiones con especial transcendencia para adecuar la política del Gobierno a los verdaderos intereses de la Nación.
- Defender con la máxima firmeza, en todas sus actuaciones, la unidad y continuidad de la Nación, frente a todos aquellos que fundan su doctrina política en la destrucción de España.
- Impulsar las medidas necesarias para recuperar la tipificación en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal de los delitos relativos a la convocatoria y celebración de referéndums ilegales y, en particular, reintroducir, con penas proporcionadas a las gravísimas conductas referidas, los tipos previstos en los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis, que castigan a quienes convocaran, facilitaran o utilizaran fondos públicos para la celebración de procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello, derogados por la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, así como los contenidos en el Capítulo I del Título XXII del Libro II del Código Penal.
- Impulsar las modificaciones legislativas necesarias y, en particular, la de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos para la ilegalización de los partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía.