La diputada de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha defendido en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que su grupo pretende reducir la carga burocrática que sufren las empresas turísticas españolas y derogar el Real Decreto 922/2021, que impone nuevas obligaciones de registro documental a hoteles y alojamientos.
Rueda ha recordado que “el turismo representa el 13% del PIB nacional y, en ciudades como Málaga, puede alcanzar hasta el 20%, además de generar el 12,8% del empleo total”, destacando que se trata de un sector esencial que genera riqueza, fija población en entornos rurales y ofrece oportunidades laborales, especialmente a mujeres y jóvenes.
Durante su intervención, la diputada ha denunciado que el Gobierno de Sánchez y la izquierda radical han convertido al turismo en un nuevo objetivo de sus políticas ideológicas, atacando una industria que es motor económico del país. “A la demonización de la agricultura y la industria por el fanatismo climático, se suma ahora un acoso burocrático que ahoga a los empresarios turísticos”, ha afirmado.
Sobre el Real Decreto 922/2021, Rueda ha explicado que el Ejecutivo lo justifica por motivos de seguridad, pero en la práctica sólo genera nuevas cargas administrativas, ralentiza la operatividad del sector y colisiona con la normativa europea de protección de datos, ya que exige información sensible de clientes. Además, ha calificado de “desproporcionadas” las sanciones previstas, que van desde 100 hasta 30.000 euros por incumplimiento.
“Este es el gobierno del gran hermano, el que impone más trabas, más impuestos y más burocracia al tejido productivo, mientras premia con privilegios a quienes entran ilegalmente en España”, ha denunciado Rueda, criticando que el Ejecutivo imponga controles a turistas nacionales e internacionales, pero no a los inmigrantes ilegales alojados en hoteles.
La diputada además, ha insistido en que VOX exige al Gobierno derogar el decreto, restablecer los requisitos previos y garantizar un equilibrio entre seguridad, privacidad y eficiencia administrativa, con el fin de reforzar la competitividad y la seguridad jurídica de un sector clave para la economía española.
Finalmente, Patricia Rueda ha reivindicado que “España ha sido y debe seguir siendo un referente mundial del turismo por su patrimonio, su cultura, su gastronomía y, sobre todo, por su gente”, advirtiendo que “este Gobierno corrupto y traicionero está poniendo en riesgo una industria esencial para nuestra nación”.