A pesar del cierre de las fronteras y del puerto de Ceuta que se ha decretado por el Estado de Alarma a causa de la pandemia por el Covid-19, decenas de caravanas cruzaron este martes el Tarajal desde Marruecos para luego embarcar hacia la península. Una situación por la que ya ha preguntado la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, al Gobierno de Pedro Sánchez.
La parlamentaria ceutí ha registrado este miércoles una interpelación al Ejecutivo para aclarar por qué se dejó cruzar a ciudadanos de otros países la frontera de Ceuta y después viajar hacia la península. Recuerda López que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras decretar el Gobierno el cierre de las fronteras, especificaba en rueda de prensa que ese cierre tendría salvedades: la entrada a los ciudadanos españoles, el paso a los trabajadores transfronterizos, y a otras personas por causas de fuerza mayor. También detallaba que las restricciones de entrada a España por las fronteras terrestres, no obstante, no afectaría al transporte de mercancías.
Sin embargo, este martes, la diputada nacional de Vox denuncia que “cinco camiones encargados de abastecer a Ceuta de alimentos, medicamentos y correo postal, no pudieron salir en uno de los pocos barcos que mantienen operativa la línea marítima Ceuta-Algeciras debido al colapso ocasionado por la llegada de caravanas a través de la frontera de El Tarajal”. Teniendo el cuenta que el transporte mercancías “sí se está viendo afectado y que Marruecos mantiene cerrada su frontera y su puerto, habiendo dejado incluso a ciudadanos residentes de su país y transfronterizos en Ceuta”, López inquiere al Gobierno para conocer por qué “sigue dejando pasar por Ceuta a ciudadanos de otros países” y de los que se desconoce si “pueden ser portadores del Covid-19”.
Además la diputada por Ceuta pregunta también al Ejecutivo de Sánchez si “va cumplir estrictamente con lo acordado de cerrar las fronteras terrestres para luchar definitivamente con la pandemia del Coronavirus con respecto a las fronteras de Ceuta y Melilla”.
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.