Aglomeraciones en los Cercanías, barcos que atracan en los principales puertos de España… Estos son algunos de los fallos que han detectado los miembros del GP VOX de la comisión de Transportes.
El 14 de marzo entró en vigor en España el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria generada por el COVID 19 en el que se limitaba la libertad de circulación de personas, con el fin de evitar el contagio y la propagación del coronavirus y, en el que se recogía, en materia de transportes, que los servicios ferroviarios de cercanías mantendrían su oferta de transportes.
Dos días después, se produjeron fuertes aglomeraciones y masificaciones en los servicios de cercanías en Madrid y Barcelona. Una situación más que contradictoria ante el confinamiento de la población en sus casas para evitar aglomeraciones que favorezcan el contagio y la propagación del virus.
Es por ello, que el GP VOX ha querido conocer la realidad de los hechos y ha lanzado al Gobierno las siguientes preguntas:
- ¿Cree el Gobierno que su actuación ha sido la adecuada en relación con el número de trenes de cercanías que circulaban en hora punta en Madrid?
- ¿Qué explicación da el Gobierno a esta situación de aglomeración en los servicios de Cercanías de Madrid, donde se ha puesto en riesgo a los ciudadanos que iban a trabajar?
- ¿Se ha planteado el Gobierno reforzar el servicio de cercanías en hora punta u otros medios de transporte alternativos como autobuses?
- ¿Va el Gobierno a establecer restricciones en el acceso a las estaciones de cercanías y a los vagones para evitar esta masificación?
- En caso negativo, ¿qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para evitar estas aglomeraciones en los servicios de cercanías que ponen en riesgo a la ciudadanía?
Por su parte, la diputada por Baleares, Patricia de las Heras ha pedido explicaciones sobre el desembarco del crucero Costa Esmeralda el pasado 10 de marzo procedente de Italia.
- Dado que este Gobierno tenía conocimiento de las recomendaciones de la OMS, en relación con el COVID 19 desde el 30 de enero de 2020, ¿cuál es el motivo por el que el Gobierno no interrumpió antes la conexión marítima con Italia, con el objeto de prevenir la propagación internacional de esta enfermedad?
- ¿Y con otros países que suponen un riesgo de salud pública para nuestra nación, teniendo en cuenta que en España es de aplicación normativa del Reglamento Sanitario Internacional?
Y, en esta línea, los miembros del GPVOX en la comisión de Transportes, ha querido conocer también el número de barcos atracados en el Puerto de Palma de Mallorca, de Barcelona y de Málaga desde el 20 de enero así como las siguientes preguntas:
- ¿Cuántas inspecciones se han realizado, por el Servicio de Sanidad Exterior del Puerto y cuál ha sido su procedimiento en atención a la ESPII declarada por la OMS?
- ¿A cuántas declaraciones Marítimas de Sanidad se le ha comprobado la veracidad manifestada por el Capitán?
- ¿Ha informado la Autoridad Portuaria de Baleares al siguiente puerto de entrada desde el 30 de enero, de que no estaba en condiciones de aplicar las medidas de control prescritas por la OMS conforme a los artículos 27 y 28 del RSI?
- ¿Ha informado la Autoridad Portuaria al siguiente puerto de entrada desde el 30 de enero sobre que alguna embarcación fue considerada como afectada de Coronavirus?
- ¿Ha informado la Autoridad Portuaria de Baleares al siguiente puerto de entrada, desde el 30 de enero de que las embarcaciones que se hayan tomado muestras para el análisis en laboratorio y sobre la base de los resultados obtenidos, se requiera una reinspección, conforme al manual para la gestión de eventos de salud pública a bordo de embarcaciones de la OMS, en el marco del RSI?
- ¿Ha informado la Autoridad Portuaria a los puertos de escala siguiente y anterior la necesidad del rastreo de contactos de algún pasajero portador del Coronavirus?
- ¿Cuántos pasajeros, sospechosos de portar el Coronavirus, han desembarcado en el Puerto de Palma desde el 30 de enero?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.