Macarena Olona, diputada de VOX por Granada

El GPVOX pide la comparecencia de Marlaska ante la previsión de que no responderá “con adecuación” a las preguntas escritas de los diputados

La portavoz de la Comisión de Interior ha registrado una batería con más de 20 preguntas para conocer qué datos tiene el Ministerio de la llegada de miembros del Estado Islámico y se anticipa exigiendo su comparecencia ya que el Ministerio intenta evitar la labor de control que realiza el GP VOX.

La secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, ha querido exigir explicaciones al Gobierno después de que un informe del Instituto de Seguridad y Cultura destacara que el embrión del Estado Islámico llegó a recoger cerca de 30.000 combatientes en apoyo a su proyecto. Sin embargo, el dato más sorprendente era que más de 5.000 procedían de estados miembros de la Unión Europea.

Una vez desintegrado el núcleo del Estado Islámico, muchos de sus integrantes pueden retornar a sus países de origen. Es por ello que, la también portavoz adjunta del GP VOX ha registrado las siguientes preguntas:

 

  1. ¿Se está tomando alguna medida concreta por parte dude España para optimizar la cadena Riesgo/Amenaza/Daño que permita ofrecer la certeza a nuestra población de que estamos trabajando para la prevención e daños incalculables en relación con lo que es una amenaza potencial para la Seguridad Nacional?

 

  1. ¿Qué medidas se están tomando por parte de las autoridades europeas para identificar y dar seguimiento a estas personas que pueden suponer un peligro para la estabilidad de cada uno de los Estados miembros y para Europa en su conjunto?

 

  1. ¿Existe alguna valoración sobre el escenario que esta amenaza puede proyectar en el futuro de cara a la estabilidad y seguridad nacional?

 

  1. ¿Considera el Gobierno de España que en el caso de producirse el retorno de estas personas vienen a España con voluntad de integrarse y respetar nuestros valores constitucionales?

 

  1. ¿Ha realizado el Gobierno un cálculo sobre el coste económico que supone el retorno de estas personas a España tanto en gastos en materia de Seguridad Ciudadana, como de Seguridad Nacional, así como de otros, tales como el gasto penitenciario que supone recibir a estos retornados que han participado en la Guerra de los territorios de Siria e Irak sirviendo al EI?

 

  1. ¿Disponemos de esos mismos datos sobre el gasto a nivel europeo?

 

  1. ¿Sabe el Gobierno si existe alguna relación, o posible relación, entre los inmigrantes que saltan la valla de Ceuta y Melilla y este elevado número de retornados a Marruecos desde el EI?

 

  1. ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que fueran binacionales marroquíes y españoles quienes perpetraran los ataques referidos de Cambrils y Barcelona?

 

  1. ¿Cuántas personas hay localizadas en España susceptibles de esta misma situación?

 

  1. Disponen nuestras autoridades de alguna base de datos que identifique el número de retornados del EI que estén o hayan estado de manera permanente o transitoria en territorio nacional?

 

  1. ¿Disponemos del número de esos retornados que están en las cárceles españolas?

 

  1. ¿Disponen de esos mismos datos a nivel europeo?

 

  1. ¿Relaciona el Gobierno la inmigración ilegal con el intento de penetración en Europa por parte de cédulas de EI?

 

  1. ¿Se va a producir o se está produciendo alguna adaptación de la ley del menor o del Código Penal para evitar un vacío legal con respecto a posibles delitos de terrorismo cometidos por menores?

 

  1. ¿Está el Gobierno en condiciones de garantizar que los MENAS que estamos manteniendo en distintas Administraciones españolas no forman parte de esos menores procedentes del embrión califal que señalan en el informe?

 

El GP VOX también ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ante la Comisión en el Congreso para explicar la absoluta falta de adecuación de las respuestas del Ministerio a los requerimientos de información que los Grupos Parlamentarios le plantean, y especialmente al GP VOX, en el legítimo ejercicio de la tarea constitucional de control al Gobierno que Grande- Marlaska “está impidiendo”.

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