Los diputados por la circunscripción de Málaga, Patricia Rueda y Rubén Manso, han registrado una batería de preguntas al Gobierno después de conocerse que la compañía estadounidense de servicios financieros, Bloomberg LP Limited Partnership ha hecho referencia en una información de su página web a “posibles sanciones por parte del Ejecutivo de EEUU a España por su presunto apoyo al Gobierno de Venezuela”.
La información apuntaba a que el Departamento del Tesoro de EEUU contemplaba la posibilidad de imponer sanciones al Banco de España por “cooperación con el régimen venezolano” al tener dinero depositado en sus cuentas procedente de dicha investidura y “facilitar pagos internacionales de la misma”.
Es por ello, y ante la previsión de que se inicie una investigación, el GPVOX ha registrado las siguientes preguntas:
- ¿Ha realizado el Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital alguna investigación acerca del comportamiento del Banco de España descrito en el artículo citado, publicado por Bloomberg?
- En caso contrario, ¿ha realizado algún otro departamento o dependencia del Estado alguna investigación acerca del comportamiento del Banco de España?
- ¿Tiene prevista, o ha realizado, el Gobierno alguna medida para defenderse de estas acusaciones formuladas por el máximo responsable del Tesoro de EEUU, siempre de acuerdo con el artículo, sobre la cooperación del Banco de España con la dictadura de Venezuela?
- ¿Ha evaluado el Gobierno el impacto que estas posibles sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU podrían tener sobre la reputación del máximo órgano de supervisión bancaria de España, y por ende de nuestro Estado?
- ¿Podría esto dañar la relación de cooperación internacional entre España y EEUU?
- ¿Creen ustedes que estas posibles sanciones incrementarían el riesgo reputacional para la inversión extranjera en España?
- ¿Ha evaluado el Gobierno que estas posibles sanciones podrían tener en la financiación del déficit y la deuda pública?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.