Informe de 2020 del Centro Nacional de Desaparecidos. El CNDES destaca que las provincias de Cádiz, Granada y Almería son las que presentan un índice mayor de desapariciones por cada 100.000 habitantes. Y estas tres provincias, junto con la también andaluza Málaga y Las Palmas aglutinan la “mayor tasa de menores de edad desparecidos en relación con su población”.
Datos que tienen, a juicio del Grupo Parlamentario VOX, un especial interés si se tiene en cuenta que de las 2.839 denuncias activas en todo el territorio nacional -1.700 sólo en Andalucía-, el 37% (1.059) corresponden a menores extranjeros que siguen bajo la tutela del Estado. “Los menores extranjeros tutelados que, o bien se fugan o voluntariamente solicitan la salida de los centros de acogidas, tienen que ser extremadamente controlados para evitar que ocurran situaciones de mayor riesgo para los menores, como los recientes abusos a menores tuteladas en Asturias o los connotados hechos acaecidos en Mallorca”, señalan en la pregunta escrita presentada al Gobierno los diputados del GP VOX Francisco José Alcaraz, Luis Gestoso, Ignacio Gil-Lázaro, Javier Ortega y Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario.
Así, los representantes de VOX, que denuncian la terrible lacra social que suponen los casos de desaparición, instan al Gobierno de la nación a explicar qué medidas ha promovido para mejorar el control a los menores en centros tutelados y evitar sus desapariciones.
También si el Gobierno ha dotado a las FYCSE con medios humanos y técnicos específicos para la búsqueda e investigación de desaparecidos, y si tiene el Ejecutivo conocimiento de cuántos menores tutelados han sido víctimas de delitos durante el año 2020. ¿Cuántos menores extranjeros están siendo tutelados en la actualidad en nuestro país? ¿Tiene conocimiento el Gobierno de que haya fallecido algún menor tutelado durante el año 2020?, añade el texto registrado.
Una pregunta parlamentaria que viene a engrosar la lista de iniciativas de VOX para denunciar las trágicas consecuencias de la irresponsable política migratoria del Gobierno y del efecto llamada que genera. A los fallecidos en el Mediterráneo mientras intentan llegar a costas españolas y a los problemas de seguridad y convivencia que algunos de los inmigrantes ilegales generan en España, se suma ahora una tercera vertiente: la de la negligencia del Gobierno en la tutela de los menores a los que recibe.