La formación quiere conocer qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno para el “blanqueamiento mediático de su campaña de censura”.
“Hay una clara intención por parte del Gobierno de vigilar y controlar las opiniones de los españoles. En la práctica esto supone amedrentar a los ciudadanos y limitar su derecho a expresarse libremente en las redes sociales”. Así de contundente se ha mostrado el diputado por Toledo y vicesecretario de Comunicación de VOX, Manuel Mariscal, tras las últimas informaciones que apuntan que el Ejecutivo está llevando a cabo una monitorización constante de redes sociales para detectar informaciones contrarias a la gestión de Pedro Sánchez.
Además esta intromisión en la formación de una opinión pública libre, algo en lo que se basa la democracia, también se extiende a los medios de comunicación críticos con el Gobierno, “a través de las agencias de verificación que ni son neutrales ni independientes y que ya tienen capacidad para aplicar la censura”, ha añadido.
Ya el pasado 7 de abril de 2020 la aplicación WhatsApp informó a sus usuarios de cambios en los procedimientos de reenvío de mensajes con el siguiente comunicado: “WhatsApp ha tomado recientemente una serie de pasos para reducir la cantidad de veces que se pueden compartir mensajes reenviados con frecuencia, a fin de mantener WhatsApp personal y privado, y limitar la propagación de mensajes que pueden contener información errónea dañina”, tal y como señalaban un comunicado.
Sin embargo, muy pocas personas conocen el hecho de que WhatsApp ha proporcionado recientemente una donación de un millón de dólares a la Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN, por sus siglas en inglés) del Instituto Poynter con el objetivo también de “brindar apoyo para expandir la batalla contra la desinformación” relacionada con COVID-19. De hecho, la IFCN lanzó CoronaVirusFacts Alliance, una red global que representa a más de 100 verificadores de hechos en más de 45 países, incluido España, que utilizan WhatsApp como “herramienta para combatir la información errónea y disipar información engañosa”.
¿Quiénes son los portales de verificación españoles integrados en esta Red? Newtral, Maldita.es y la Agencia EFE. Es más, el IFCN contrató a estas dos primeras para la revisión y posterior contraste de mensajes enviados a través de redes sociales. Sin embargo, llama poderosamente la atención el “marcado sesgo partidista” de ambas sociedades desde sus raíces: Newtral fue fundada por la periodista Ana Pastor mientras que Maldita está conformada por los periodistas Julio Montes y Clara Jiménez Cruz, que han desarrollado la mayoría de su carrera profesional en La Sexta.
Por ello, y tras las declaraciones del ministro Marlaska en las que confirmaba que el Gobierno estaba llevando a cabo una monitorización de las redes sociales con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos” así como de controlar y eliminar las “campañas de desinformación”, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado la siguiente batería de preguntas.
- ¿Qué entiende el Gobierno por “campaña de desinformación”? ¿Qué entiende el Gobierno por “discurso peligroso»?¿Cuáles son, a juicio del Gobierno, los criterios para deslindar la crítica legitima, imprescindible en democracia, de la desinformación peligrosa?¿Cómo tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la “monitorización de las redes sociales”?
- ¿Tiene previsto el Gobierno contratar a sociedades externas a la Administración General del Estado para realizar esa labor o pretende hacerlo por medios propios? En caso de que pretenda llevarla a cabo por medios externos, ¿qué procedimiento se seguirá para contratar a esas sociedades externas? ¿Qué importes manejan? ¿Será la adscripción ideológica de los responsables de las empresas un criterio de baremación? En el caso de que pretenda realizarse con personal al servicio de la Administración, ¿qué perfiles se buscarán? ¿De qué departamentos se sustraerán empleados para dedicarlos a esta labor?
- ¿De qué maneras tiene previsto el Gobierno “reeducar” los comportamientos de aquellos que osen no compartir y repetir sin cuestionarse la versión oficial?¿Considera el Gobierno que comportamientos de monitorización de “campañas de odio” y “discursos peligrosos” son el primer paso para instaurar la censura en una democracia europea?
- ¿Considera el ministro del Interior que las mentiras emitidas por el presidente del Gobierno, señor Sánchez Pérez-Castejón, y por la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, señora Lastra Fernández, deben ser también monitorizados por difundir información falsa?
- Dadas las profundas raíces ideológicas de las empresas Newtral y Maldita, contratadas por el IFCN, ¿pretende el Gobierno que estas sociedades también colaboren en el blanqueamiento mediático de la campaña de censura del Ejecutivo?
- El 20 de junio de 2019 la agencia Europa Press informó de que los ministros del Interior y de Justicia en funciones (esta última, hoy Fiscal General del Estado) y la secretaria de Estado de Migraciones defendían la necesidad de “contra argumentar” y de “construir una contranarrativa positiva” en internet y en las redes sociales para “combatir el discurso de odio” y prevenir actitudes violentas entre los más jóvenes. ¿Forman parte la monitorización de las redes, el riego de millones a televisiones privadas a fondo perdido y vía publicidad institucional y la manipulación de RTVE de esa estrategia de contranarrativa para esconder los errores del Gobierno en la prevención y gestión de la emergencia sanitaria y para amortiguar la ira ciudadana ante las decenas de miles de muertos?
- ¿Busca el eslogan “Este virus lo paramos unidos” mostrar que la única actitud contra el virus debe consistir en la obediencia ciega a las consignas del Gobierno, apartando al disidente y fomentando esa contranarrativa positiva? ¿Está el Gobierno más centrado en controlar el relato que en controlar la propagación de la enfermedad?
Borrado ¿accidental? de la información del coronavirus desde enero 2020
La formación no ha dudado tampoco en monitorizar desde el primer día la información suministrada por parte del Gobierno y ya el pasado jueves 16 de abril registró otra batería de preguntas relacionada con la desaparición de un gran número de enlaces de la Sala de Prensa del sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional, -ubicado orgánicamente en el Gabinete de Presidencia del Gobierno-.
¿Qué información contenían esos enlaces? La situación sobre el coronavirus desde el mes de enero del 2020. “Entendemos que, con estos documentos, se podría rastrear la evolución de las medidas adoptadas por el Gobierno desde que esta enfermedad se originó en China”, ha asegurado Manuel Mariscal.
¿Cuáles son las razones por las que se ha borrado el acceso público a esta información? ¿Ha sido trasladada a otra web? ¿Por qué razón? ¿Existe tras este borrado masivo de datos la intención por el Gobierno de sustraerse a eventuales responsabilidades penales que puedan recaer sobre sus miembros?
Estas son sólo algunas de las preguntas a las que el Ejecutivo de Sánchez deberá responder.