La diputada por Almería del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX) y portavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Rocío de Meer, ha denunciado en el Congreso las desigualdades manifiestas a que se ven expuestas las personas con discapacidad en función de en qué Comunidad Autónoma residan.
Tal como recuerda De Meer, el artículo 9.2 de la Constitución Española establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.
Sin embargo, y como consecuencia del llamado ‘estado de las Autonomías’, la realidad es que existen injusticias e inequidades en cuanto a una cuestión vital para muchas personas, como es el reconocimiento del grado de discapacidad. “Es incomprensible que los grados de discapacidad varíen en función de la Comunidad Autónoma en que se solicite la valoración, o que la dilación de los trámites sea sustancialmente distinta”, denuncia De Meer, que recuerda que la propia Confederación Española de Padres de Niños con Cáncer señala que, si bien el reconocimiento de la discapacidad está regulado por normas de ámbito estatal, su concesión depende de las Comunidades Autónomas, generando variaciones, tanto en la valoración del grado de discapacidad, como en el tiempo de los trámites.
Así, y según el Estudio de Discapacidad de Niños y Adolescentes con Cáncer en España, enmarcado en el Proyecto DISCAIN, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las comunidades más rápidas en cuanto a los trámites para adquirir el reconocimiento de la discapacidad, mientras que Murcia y Navarra se colocan a la cola, con más de cuatro meses de espera.
“Una ignominia fruto del estado de las Autonomías que afecta a las personas más vulnerables”, denuncia De Meer, que se hace eco de la petición de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que urge al Ministerio de Sanidad a combatir las desigualdades.
Por eso, el Grupo Parlamentario VOX pregunta al Gobierno:
-¿Ha iniciado o va a iniciar una investigación para contrastar las desigualdades reales en función de cada Comunidad Autónoma?
-¿Varía el coste de las valoraciones en función de la Comunidad en que se realice?
-¿Varía el plazo de validez del grado de discapacidad?
-¿Qué propone el Gobierno para armonizar los grados de discapacidad en valoraciones manifiestamente similares?
-¿Se va a abrir la posibilidad de revisión para aquellos que comparativamente tengan concedido un grado manifiestamente inferior al que les corresponde en comparación con otras Comunidades Autónomas?
-¿Tiene intención el Gobierno central, a la luz del fracaso autonómico, de asumir la competencia de valoración de grados de discapacidad?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.