El diputado por Almería, Carlos Fernández-Roca

VOX exige explicaciones a Sánchez: ‘¿Considera acertado que Iglesias acceda a la información más sensible del Estado?’

Con la publicación del Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Ejecutivo ha aprovechado para modificar también la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. ¿El motivo? Que esté incluido en esta Comisión el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Una modificación que desactiva el recurso que Vox interpuso ante el Tribunal Supremo en el que se argumentaba que, para efectuar dicho nombramiento, sería necesario reformar la citada ley que regula el CNI, la cual únicamente prevé que un vicepresidente forme parte de la citada comisión.

Además, el GP VOX condena que se haya la vía del Decreto-Ley, -un instrumento de extraordinaria y urgente necesidad-, para “atropellar a la oposición”.

Por todo ello, la formación ha registrado las siguientes preguntas:

  1. ¿Considera el Gobierno que la inclusión del Vicepresidente Segundo del Gobierno en la Comisión delegada del CNI es motivo de extraordinaria y urgente necesidad para modificar la Ley 11/2002, por medio de un Decreto-ley?
  2. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno prioriza en el marco de la aplicación de una situación de anomalía parlamentaria, como es la activación del art. 116 CE, la inclusión del Vicepresidente Segundo y Ministro de Asuntos Sociales, el señor Pablo Iglesias, en la Comisión delegada del CNI?
  3. Atendiendo a que esta Comisión afecta a nuestra Seguridad Nacional y a la Defensa de nuestro país y vistos los vínculos exteriores del Vicepresidente Segundo D. Pablo Iglesias Turrión, así como sus repetidas  declaraciones en los medios de comunicación de los que cabe deducir su escasa identificación con los símbolos, valores e intereses de España, ¿considera el Gobierno acertado que el Vicepresidente Segundo forme parte de esta comisión y acceda a la información más sensible del Estado español y de sus aliados?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.