«Cada vez que hemos tratado el tema de la ocupación y la inquiokupación, aquí en sede parlamentaria, ustedes nos acusan de que estamos alimentando un fantasma. Minimizan el problema y aseguran que estamos ante una estrategia de las empresas de seguridad para meter miedo. Salvaguardan lo indefendible alegando que son inmuebles de bancos o fondos». Así ha comenzado la diputada de VOX y portavoz de Vivienda, Cristina Esteban, su intervención en el Pleno para reclamar penas más duras contra la ocupación ilegal de viviendas.
«Mari Carmen Serra, una mallorquina que lleva 8 meses viviendo un infierno. Su casa en Alcudia está okupada y no puede pagarse un alquiler porque tiene una hipoteca, así que no ha tenido más remedio que mudarse con su hermana y su familia y separarse de su hijo, que ahora vive con su padre. Y por si esto fuera poco, le han notificado que le van a embargar la nómina para cubrir los recibos de la luz, que están a su nombre.
Cuenta Mari Carmen: «No le deseo a nadie el sufrimiento por el que estamos pasando y la impotencia que siento las 24 horas. He acudido a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al ayuntamiento de Alcúdia y no pueden hacer nada. La ley les ata de pies y manos a la hora de actuar. Pago una hipoteca pero tengo que vivir de prestado en casa de mi hermana. No es justo. Y ni siquiera puedo acercarme al edificio. Tengo un trastero allí con enseres personales y este hombre ha amenazado con denunciarme por acoso si me acerco por allí. Lo que sí he descubierto es que ha intentado empadronarse en el piso. Por ahora he tenido suerte, no lo ha conseguido. Si lo logra, va a ser imposible sacarlo de ahí».
«¿Conocen sus señorías el caso de Pilar? -se ha preguntado Cristina Esteban- Si no lo conocen, es porque no la han querido escuchar. Porque ella sí ha pedido reunirse con todos lo grupos y ha venido a manifestarse al Congreso con la Plataforma de afectados por la Okupación y la Inquiokupación. Pilar, por fin, acaba de recuperar su casa, nos cuenta: ‘En 950 días he gastado 22.300 euros manteniendo a unas okupas en mi casa. Nosotros no podemos ser el escudo social. El escudo social tiene que ser el Estado, para eso pago impuestos’.
Pilar, -al igual que miles de españoles en los últimos años-, es víctima de la okupación amparada por este Gobierno. Una okupación que ha dañado su salud y que está acabando poco a poco con sus ahorros. A consecuencia del estrés, Pilar sufre una parálisis irreversible en el rostro y lleva dos años medicándose. Su vivienda está Torrevieja tiene 60 metros cuadrados. Además de pagar la comunidad y el IBI, ha tenido que hacer frente a una derrama: Derramas, luz, agua, plusvalías, cerrajero, arreglar los destrozos varios… Procuradores, abogados y hasta tres cancelaciones de lanzamientos, noches sin dormir… «.
Un testimonio que, ha recordado Esteban, evidencia la ineficacia de los legisladores: «¡Qué vergüenza tendría que darles! No son capaces de proteger a los ciudadanos de bien, que son quienes confían en nosotros y quienes pagan con su esfuerzo unas administraciones que se ríen en su cara», ha lamentado.
La ‘okupación’ -ha insistido Esteban- es una forma de robo, es la sustracción del bien más preciado que una persona y una familia atesoran a lo largo de su vida. Y es que según datos del propio Ministerio de Interior, las okupaciones de viviendas crecieron un 18% el último año en España siendo Cataluña, Castilla la Mancha, y Andalucía de las regiones más afectadas. España sufre una media de 49 ocupaciones diarias.
Así se combate la inmigración en Europa
Francia: La Policía puede proceder al desalojo inmediato de la vivienda, sin necesidad de orden judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho.
Alemania: Las casas son desalojadas 24 horas después de denunciar la okupación por parte de los propietarios.
Holanda: Basta con denunciar ante la Policía, que, una vez verificado el título de propiedad, puede personarse de inmediato con una autorización judicial para desalojar a los okupas.
Inglaterra: Tras denunciar directamente ante la Policía, ésta verificará la denuncia y arrestará a los okupas, una vez comprueben que «están viviendo o pretenden vivir» en la casa.
Italia: El propietario deberá denunciar ante la Policía y, una vez que el tribunal evalúe el caso en un juicio rápido, los agentes podrán proceder al desalojo. Además, deberán pagar los daños ocasionados en la vivienda e incluso pueden ir a la cárcel.
Dinamarca: Basta con acudir a la Policía y demostrar ser el legítimo propietario
Suecia: Igualmente, basta con denunciar ante la Policía para proceder al desalojo inmediato.
«¿Acaso no son países garantistas? ¿Acaso España está en una situación distinta?», se pregunta Esteban.
«En un país serio, la seguridad jurídica es esencial. Ese pilar es inquebrantable y es lo que la sociedad solicita, junto con otro pilar que es la vivienda social. Lo que no puede ser es que la vivienda social se haga a cargo del propietario. Tenemos que dar soluciones y servicio a la sociedad frente a esta injusta regulación que coloca a las personas en situaciones desesperadas. Hoy pedimos su apoyo para modificar el artículo 245 del Código Penal para:
• Una elevación general de las penas de ocupación ilegal.
• Dotar a las ffcc de seguridad de mejores recursos y herramientas legales
• Ampliar la protección a los legítimos titulares de derechos reales.
Lo que estamos pidiendo es una modificación que recoge lo que el derecho comparado ya estipula en otros países de la Unión Europea».
«Ni fondos, ni casas de ricos, ni viviendas vacías que son en el 75% las que están en la España despoblada, esa que han abandonado las instituciones. Escuchen lo que demanda la calle y atiendan los problemas reales de los ciudadanos. Cuando apoyan las propuestas de VOX, apoyan a los españoles», ha señalado, para terminar, Cristina Esteban.