El GP VOX registra una Proposición No de Ley con medidas concretas para garantizar que el recuento de los fallecidos es el real.
“La cifra real de fallecimientos a causa del COVID-19 en España nunca podrá obtenerse con certeza, sino que tan solo podrán hacerse estimaciones de la cifra de españoles que han muerto como consecuencia directa de la inacción y de los errores del Gobierno en la gestión de esta tragedia”.
La diputada por Murcia, Lourdes Méndez y el portavoz del GPVOX en la Comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann han querido demostrar la ineficacia de un Gobierno que no ha sido capaz de hacer frente a esta crisis sanitaria. “Hemos pedidos que se realicen obligatoriamente test en todas las residencias de mayores, informes forenses para todos aquellos que hayan podido fallecer con sospecha de coronavirus, y por supuesto un sistema digitalizado”, ha señalado Méndez.
Tal y como advierten, en las estimaciones del Ejecutivo no se han registrado a todas aquellas personas que han fallecido no por causas directamente relacionadas con la pandemia, sino por agravamientos en enfermedades preexistentes que no han podido contar con una asistencia sanitaria a tiempo a causa del colapso.
“Nos parece absolutamente necesario que se contabilicen todas y cada una de las muertes que se están produciendo por coronavirus , dado que existen evidencias de que el número oficial de fallecidos no responde a la realidad. Son los jueces, los responsables de los registros, los profesionales de las funerarias, los directores de las residencias de ancianos los que denuncian que esas cifras no se ajustan a la realidad”, ha añadido la diputada por Murcia.
La batería de medidas que plantea VOX para que se informen de las cifras exactas de fallecidos pasan por proceder “con carácter obligatorio” a la realización de los test específicos a todas las personas que presenten cualquier síntoma de COVID-19 así como a todas las personas ingresadas en Residencias de Mayores.
Por otra parte, han insistido en que se realicen estudios forenses en todos los fallecidos cuyo fallecimiento no ha sido confirmado por COVID-19, pero en la que existe una sospecha de COVID-19, -fallo multiorgánico, distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, neumonía o coagulopatía, para certificar la causa de la muerte-.
En esta línea tanto Steegmann como Méndez insisten en que es necesario asegurar que la información proveniente de todas las autopsias y estudios forenses sean correctamente contabilizada, tratada e integrada en los registros oficiales de los fallecidos por COVID-19 o causas relacionadas.
Por otra parte, otra de las medidas que apoya el GP VOX es la de elaborar un registro digitalizado y simultáneo, permanentemente actualizado, con los datos totales sobre los fallecidos con COVID-19, los ingresados en UCI, las altas producidas y el número de test realizados, desglosados por provincias, y donde se vuelquen y puedan transmitirse los datos necesarios entre los distintos sistemas de salud y, en particular, entre hospitales, centros sanitarios o sociosanitarios y residencias de ancianos. Dicho registro deberá contener también un apartado específico donde se contabilicen las personas fallecidas, no confirmadas, pero con sospecha de COVID-19.
Y, por último, solicitan que se realice un estudio sobre la incidencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en el número de fallecimientos producidos por otras enfermedades no relacionadas con la pandemia, pero provocadas por falta de atención necesaria, a causa del colapso sanitario, como cánceres, infartos o accidentes de circulación, entre otros.
““Excusas como no realizarse los test y por tanto no poder confirmar las muertes hace que un gran número de ancianos ni siquiera esté contabilizado de forma oficial su fallecimiento debido a la pandemia. Es miserable la actitud de un gobierno que no sólo ha demostrado no importarle la vida de nuestros mayores, sino que ni tan siquiera contabiliza sus muertes”, ha recalcado la diputada Lourdes Méndez.