En diversas regiones españolas, el Estado ha renunciado a estar presente y a proponer las bases de un futuro común en unidad y diversidad. Se ha dejado que los conceptos de convivencia y de diversidad se interpreten en esas zonas como negación de España y como odio a nuestra Nación”. Con estas palabras ha valorado la formación el hecho de que en el transcurso de nuestra democracia ha supuesto que los distintos Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular hayan cedido en incontables ámbitos al marco y a las aspiraciones de los nacionalismos separatistas.
Es más, centrándose en el ámbito estrictamente lingüístico, las llamadas “políticas”, “modelos” o “sistemas” lingüísticos de ciertas Comunidades Autónomas se han utilizado como “arma arrojadiza, como campo de batalla y como instrumento para construir determinados discursos con fines políticos”.
Mientras que en los cinco continentes se guardan vestigios de la enorme influencia española en la historia, en España el uso de los topónimos en castellano de algunos municipios y provincias españoles ha sido reemplazado por el topónimo en la lengua cooficial correspondiente. “La lengua de todos está siendo excluida en favor de un discurso identitario y los poderes públicos del Estado no hacen nada por evitarlo”, advierten desde la formación.
Un intento de “aniquilación de la lengua de todos” que se ha cristalizado en distintas leyes estatales y autonómicas que retuercen la interpretación del artículo 3.3 de la Constitución Española como ha ocurrido en Galicia, País Vasco, Cataluña o Baleares entre otras autonomías.
“Numerosas normas con rango legal, además de otras muchas con inferior jerarquía, han permitido y fomentado que se proscriba el uso del castellano y establecido que la única denominación oficial sea la de la lengua vernácula. Ello se ha hecho de forma desconectada de la realidad, que en muchos casos implica que el uso popular continúe siendo el del topónimo castellano tradicional”, ha denunciado Reyes Romero, José María Figaredo y Macarena Olona, firmantes de esta iniciativa parlamentaria insistiendo en que se han borrado del ordenamiento jurídico, como si nunca hubieran existido, topónimos castellanos de amplio uso aún hoy como Lérida, Gerona, Orense o Fuenterrabía.
“Con este arrinconamiento del castellano se soslaya el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales’ y se obvia el mandato constitucional de proteger la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España”, ha advertido la diputada por Sevilla quien también ha recordado que se ha buscado favorecer a un idioma por criterios exclusivamente políticos y falsamente identitarios, con el objetivo de imponer su uso en detrimento del castellano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX considera que es necesario que el Gobierno adopte un conjunto coherente de medidas para garantizar el fin del arrinconamiento que sufren el castellano y los castellano-hablantes en no pocas regiones de España. En este sentido, se entiende conveniente regular el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, a fin de que sea oficial en toda España y de que comparta dicha oficialidad con la de las otras lenguas españolas allá donde estas existan.
¿Cómo podrá conseguirse?
- Regulando mediante ley el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, a fin de que sea oficial en toda España y de que comparta este carácter con la de las restantes lenguas españolas propias de la correspondiente región.
- En consecuencia, restaurando la doble denominación, en castellano y en la lengua vernácula respectiva, de aquellas entidades territoriales que hayan sido desprovistas de ella, promoviendo a tal efecto la derogación de las normas que hayan materializado la exclusión del castellano.
- Asimismo, fomentando el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, en tanto “instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los territorios”, como es calificada por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Adoptando las medidas necesarias en materia de régimen local para que, manteniéndose en los municipios la competencia para “el cambio de nombre de este”, se conserve la toponimia tradicional castellana junto con la correspondiente a la lengua cooficial.
- Garantizando que las normas reguladoras del Registro de Entidades Locales, del Registro Central de Cartografía y del Sistema Cartográfico Nacional exigen para la válida inscripción, registro e incorporación de una determinada denominación, al menos, su versión en castellano, como lengua oficial del Estado.
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