La formación apuesta por la creación de una autoridad independiente para que todos los nombramientos respondan a un sistema de meritocracia.
«En 40 años de democracia existen numerosos ejemplos de abuso de este para la colocación de amigos políticos, el reparto de prebendas y la devolución de favores». Esta es una de las principales denuncias que los diputados del GP VOX han realizado desde la comisión de Calidad Democrática y que han expuesto en una Proposición de No Ley relativa a la profesionalización de máximos responsables y directivos de las entidades pertenecientes al sector público empresarial.
Durante los últimos meses, el Grupo Parlamentario ha seguido muy de cerca los nombramientos que se han producido en empresas participadas por la SEPI comprobando que no en todos los casos se cumplen los principios de austeridad, eficiencia y transparencia en su gestión.
«La valía profesional debe regir la selección de los candidatos que ocupen cargos en el Consejo para
garantizar el buen desempeño de sus funciones», ha asegurado el portavoz del GP VOX en la comisión de Calidad Democrática, Eduardo Ruiz insistiendo en que este requisito sólo se cumple en «contadas ocasiones» en el sector público empresarial.
Correos, Navantia, Mercasa, Enagás, Ebro Food, Red Eléctrica… Estas son sólo algunas de las empresas en las que se han producido casos de «nepotismo» ya que, tal y como apuntan desde la formación, desde que Pedro Sánchez se erigió como presidente del Gobierno se ha producido un «desembarco de personas afines a él y al PSOE» en diferentes entidades pertenecientes al sector público.
«El Gobierno se ha prevalido de los resortes del Estado para colocar en sociedades controladas por este a
personas que, en su mayoría, no tienen experiencia empresarial o carecen en absoluto de formación de ningún tipo. Sus méritos se reducen a haber ostentado previamente cargos políticos siempre vinculados al PSOE», ha explicado el diputado por Alicante.
¿Qué propone entonces el GP VOX?
La creación, siguiendo el ejemplo de Portugal, de una autoridad distinta del órgano de designación del
directivo la competencia para llevar a cabo la selección de este, partiendo de los principios de
mérito, capacidad e idoneidad, y dentro de un procedimiento público, transparente y competitivo. Los miembros de la Comisión de Selección actuarían siempre de forma independiente en el ejercicio de sus competencias, no pudiendo solicitar ni recibir instrucciones del Gobierno o de cualesquiera otras entidades públicas o privadas.
Asimismo, insisten en la necesidad de impulsar un Proyecto de Ley que recoja un estatuto del directivo público, un código de conducta así como métodos de evaluación de los criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad por su gestión y sus resultados. » La designación de los directivos habrá de hacerse por un periodo mínimo de cinco años, que dé estabilidad al puesto y asegure, en su caso, una transición ordenada entre Gobiernos», señalan.
Con respecto al sueldo de los directivos, el GP VOX insiste en que ningún caso un alto cargo podrá
superar el establecido para el presidente del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado o
cualquier otra disposición normativa al efecto.
Además, el GP VOX considera que también se debe elaborar, en coordinación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), un
Código de Buen Gobierno de las Sociedades participadas por el Estado con los propósitos de mejorar su productividad y desempeño, de generar confianza y transparencia.